Dos cambios positivos de esta reforma: los integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia serán nombrados por concurso público y dentro de la comisión de selección estarán representadas instituciones de mayor prestigio y solvencia como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. También es positivo que la junta revise las evaluaciones realizadas por el CNM saliente.
Ahora se exigirá que los votos para nombrar y ratificar jueces y fiscales sean públicos y motivados, facilitando el escrutinio externo. La junta también podrá aplicar sanciones de destitución a jueces y fiscales de oficio, sin depender de la solicitud de las autoridades del Poder Judicial y la fiscalía. El concurso público de méritos es el cambio de mayor envergadura. Pero el procedimiento requerirá criterios muy claros para detectar y gestionar potenciales conflictos de intereses.
La Junta Nacional de Justicia supone una mejora significativa respecto al CNM. Para integrarla se exige un concurso público de méritos dirigido por una comisión especial y que sus miembros sean abogados con amplia experiencia académica o profesional, excluyéndose la participación de otros profesionales ajenos al derecho. Con la nueva formación se busca que la elección y ratificación, pública y motivada, de jueces y fiscales responda al trabajo y a los méritos.
La publicidad electoral solo podrá realizarse mediante la denominada franja electoral. Esto reduciría los costos de campaña electoral. Según información de ONPE, el gasto en el 2016 ascendió a S/65 millones aproximadamente, de los cuales más del 70% correspondió a radio y TV. Otro es la inclusión de sanciones penales ante el financiamiento ilegal. Las multas nadie las paga, por lo que es necesario tipificar el delito de financiamiento ilegal de la política.
Además de dar rango constitucional a la transparencia y a la obligación de bancarizar ingresos, lo más significativo es la prohibición de contratar propaganda electoral en radio y televisión adicional a la que provea el Estado. Con esto se que busca abaratar las campañas y disminuir la dependencia de los partidos del financiamiento privado y la sanción penal del financiamiento ilegal.
La reforma es positiva porque crea la figura de sanción civil y penal para quien incurra en financiamiento ilegal. Hasta ahora las sanciones eran meramente administrativas y económicas. Asimismo, solo se podrá difundir propaganda en medios de comunicación a través de la franja. Ahora es posible hacerlo al margen de ella, comprometiendo alrededor del 75% de los gastos de campaña.
Si bien es cierto que la propuesta es popular, y legítima, ella no solucionará los problemas de fondo del Congreso, puede incluso agravarlos. Primero, es falso que el Congreso sea un espacio tomado por caudillos que se reeligen, pues la tasa de reelección es sumamente baja. En realidad, muchos de los causantes del desprestigio del Congreso son producidos por congresistas amateurs. Y, segundo, perderemos a legisladores que ganaron experiencia en el manejo parlamentario y se especializaron en temas importantes. Se castigará a los pocos buenos que tenemos.
La reelección afianza la carrera política y brinda incentivos para una mejor gestión. Por este motivo, en la región solo México y Costa Rica la prohibían, México la eliminó recientemente. Las tasas de reelección en el Perú desde 1939 han sido de 19% y desde el 2001, 22%, en promedio. En otros países de la región y Estados Unidos, es mayor al 50%. Nada garantiza que los nuevos parlamentarios ejerzan mejor su función de representación y, en general, la tarea parlamentaria.
La reelección parlamentaria inmediata e indefinida está permitida en la mayoría de países, la no reelección es la excepción. Con la primera se aprovecharían los beneficios de la experiencia adquirida y se muestra mayor confianza en las decisiones del pueblo soberano. La segunda evitaría el aprendizaje, pero también el uso de malas prácticas. Además, el verdadero origen de los problemas atribuidos a la reelección lo encontramos en las organizaciones políticas.
En general, apoyo el bicameralismo porque podría ayudar a paliar algunos problemas del Congreso, especialmente las dinámicas negativas que surgen de tener que negociar y decidir en una cámara elegida en circunscripciones regionales. Si bien los problemas de fondo de representación y desprestigio del Congreso no se solucionarán cambiando reglas, sería un primer paso para mejorar lo que tenemos. Sin embargo, el absurdo contrabando en la cuestión de confianza me hace rechazar la propuesta.
La segunda cámara habría sido de gran utilidad para revisar y corregir leyes apresuradas que ocurren cuando hay una sola cámara. El presidente Vizcarra decidió retirar su apoyo a esta propuesta, debido a que el Congreso la modificó para restarle al presidente la posibilidad de disolver el Congreso en los términos establecidos por la Constitución, rompiendo el equilibrio de poderes. Sin embargo, el motivo por el cual la mayoría piensa votar en contra no es ese cambio, sino otros dos que introdujo el Congreso: el incremento en el número de senadores –percibido como mayor gasto– y la posibilidad de que los actuales congresistas postulen al Senado.
Si bien el consenso técnico sobre la conveniencia de la bicameralidad tiene buen tiempo de haber sido instalado, no existe evidencia de que tal sistema garantice mejor legislación o representatividad. Por tal razón, desde el principio, el No parecía ser la mejor opción. Luego todo empeoró. Aunque mejorable, la propuesta del Ejecutivo tenía la virtud de plantear, por primera vez, una sugerencia sobre representación territorial, que podría haberse afinado. El texto tal como fue aprobado dista de lo sugerido. Además, el tiempo para el debate ha sido breve.