¿En qué distritos de Lima asesinaron a 336 mujeres?

Cuando uno sale de la comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, y camina con dirección a la avenida San Martín es inevitable sentirse estremecido al saber que esa fue la ruta escogida por César Alva Mendoza para llevarse, con engaños, en una bicicleta, a Jimenita, la niña de 11 años, que luego de ser ultrajada sexualmente por él, fue asesinada y quemada a 10 cuadras de esa dependencia policial.

El crimen de Jimenita, en febrero del año pasado, no solo sobrecogió a los vecinos de San Juan de Lurigancho, el más poblado de América Latina, con 1 millón 162 mil habitantes, sino a todo el país. Es por eso que, en caravana, los vecinos llegaron a la Plaza San Martín, a pocos días del asesinato, para exigir la máxima sanción para el criminal, así como mayor seguridad para los niños y que se dicten políticas en la lucha contra la violencia a la mujer. De esos reclamos, solo se ha cumplido con sentenciar a cadena perpetua a César Alva. Lo demás aún espera.

En el ámbito de Lima Metropolitana y el Callao, San Juan de Lurigancho es el distrito donde más feminicidios se han cometido, desde el 2009 hasta fines del 2018, según el último informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. En total suman 45 asesinatos de mujeres, en ese periodo de tiempo, de los 336 que ocurrieron en la capital. Eso quiere decir que de cada cien mil mujeres, siete murieron a manos de sus parejas, ex parejas, familiares o conocidos, solo en San Juan de Lurigancho. El hecho de que este sea el distrito con mayor población explica que el número de feminicidios sea superior al resto de Lima y el Callao.

Sin embargo, si analizamos por tasa de feminicidios (es decir por cada cien mil mujeres), La Victoria encabeza la lista. Diecisiete mujeres murieron por cada cien mil, entre el 2009 y el 2018. “Que la tasa sea mayor en La Victoria nos demuestra que el impacto de los crímenes contra mujeres ocurridos en ese distrito afectan más a su población femenina, la cual es menor a la de San Juan de Lurigancho. Se trata de un distrito pequeño”, precisa Juan Huambachano, jefe del Observatorio de la Criminalidad.

La Victoria es el distrito que también tiene la tasa más alta de homicidios después del Callao y también está entre los lugares donde hay más sicariatos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Los niveles de violencia, incidencia delictiva y la informalidad en La Victoria son altísimos. Eso explicaría el fenómeno”, sostiene Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo. En este distrito, funcionan dos Centros de Emergencia Mujer (CEM), uno está en la comisaria de Apolo, y otro en el segundo piso de la calle Sebastian Barranca 290. En el 2018, los CEM de La Victoria reportaron 346 casos de violencia familiar (agresiones físicas, psicológicas, violaciones, etc.)

¿Qué está sucediendo en San Juan de Lurigancho?

En el segundo piso de la Comisaría de la Familia, ubicada a espaldas de la comisaría de Canto Rey, 40 mujeres se reúnen todos los lunes para escuchar charlas de psicología y emprendimiento con el propósito de orientar a otras mujeres que están en riesgo de ser víctimas de violencia física y psicológica. “No queremos que San Juan de Lurigancho siga siendo el primer distrito con más mujeres muertas. De a pocos vamos a cambiar eso, así no tengamos ayuda de nadie”, dice enérgica Nery Gonzalez, de 45 años, la primera voluntaria este grupo de mujeres. Nació en Ayacucho, es madre soltera y tiene cinco hijos.

Ella recuerda que acudió a la comisaría de Familia junto a una vecina, cuya hija había sido víctima de feminicidio en el 2016, para buscar apoyo y asesoría legal. “Mi amiga no encontraba justicia, el Poder Judicial iba a liberar al asesino, y ella se desesperaba. Lloraba todo el tiempo. La muerte de su hija la marcó para siempre. Luego le dio cáncer al estómago y el mes pasado murió”, cuenta sin poder contener las lágrimas.

El superior Pember Carhuatanta con Nery Gonzalez, a su izquierda, posan acompañados de otras mujeres voluntarias luego de recibir una capacitación en la Comisaría de Familia.

Nery le propuso un día a Pember Carhuatanta, un policía que trabaja en la Comisaría de la Familia crear un grupo de mujeres y que él se encargue de capacitarlas. “Así fue como empezamos hace un año y medio. No recibimos ni un sol, hasta los chalecos que ellas llevan puestos son donados. Salimos a las calles los fines de semana para entregar volantes donde informamos cómo proceder ante un abuso físico en el hogar y damos los números de los CEM y de la comisaría”, cuenta el policía. El Ministerio del Interior, según él, no está ni enterado de lo que él hace con estas mujeres. Su trabajo lo califica como “un granito de arena” en esta ola de violencia. Los que dan las charlas de capacitación son, muchas veces, amigos del Carhuatanta, quien también ha estudiado docencia.

La aspiración de este grupo de voluntarias es que en la Comisaría de Familia se instale un centro de atención y acogida para mujeres víctimas de la violencia, pero hasta la fecha no obtienen respuesta de las autoridades. “Acá hay espacio para que funcione un centro de medicina legal para que las mujeres agredidas sean atendidas con mayor rapidez. San Juan de Lurigancho solo tiene un centro de medicina legal que está saturado. Muchas veces, las víctimas deben ir hasta Santa Anita para ser examinadas y, muchas veces, se desaniman y ya no acuden”, afirma Nery.

No es el único inconveniente. La fiscal superior de Lima Este Ana María Cubas aclara que por falta de dinero, en San Juan de Lurigancho, no hay una fiscalía especializada de violencia contra la mujer. “Los recursos son ínfimos. Para un distrito tan poblado deberían existir como mínimo cinco fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, pero no hay ninguna”, resalta y subraya que esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

A raíz del asesinato de Jimenita, en febrero del 2018, el Ministerio Público dispuso que “a modo de piloto” la fiscal provincial Consuelo Chipana, además de los casos que atiende a diario, también investigue las denuncias por violencia sexual. “Hacemos lo que podemos, pero no nos damos abasto. Una vez al mes nos dan una camioneta para investigar los casos. La cámara Gesell (utilizada para recoger los testimonios de menores agredidas sexualmente) está saturada hasta junio, no hay cupos. Si una menor fue víctima de algún ultraje, debe esperar para dar su testimonio y eso es revictimizarla”, sostiene Chipana.

El 28 de febrero, la presidenta de la Junta de Fiscales de Lima Este, Marjorie Silva, emitió un comunicado en la que expresa su preocupación por la reducción de recursos para la implementación de fiscalías especializadas en la violencia contra la mujer.

La responsabilidad de los gobiernos locales

Tanto Juan Huambachano, del Ministerio Público, como Eliana Revollar, de la Defensoría del Pueblo, resaltan que los alcaldes deben trabajar de manera articulada con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y el Ministerio de Educación, en la prevención de la violencia contra la mujer. “El problema es que no hay cohesión de las instituciones, cada una hace lo que puede. Acá la comunidad debe estar organizada. La policía no se va a dar abasto para vigilar a las mujeres que han pedido garantías. Los municipios deben diseñar planes a corto, mediano y largo plazo, trabajar con los agresores, ir a los colegios, a los comedores populares. El Estado debe tocar las puertas a los ciudadanos y no al revés”, recalca Huambachano.

Un dato revelador es que en San Juan de Lurigancho, solo el 6% de la población mayor de 18 años terminó estudios superiores, el 8.5% solo estudio hasta inicial y el 20% se quedó en nivel primaria, de acuerdo al INEI.

Revollar indica que en diciembre el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a través de una carta, le pidió al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que de una vez instale la “Instancia Metropolitana de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres y su relación con la seguridad ciudadana”. “En esta instancia deben participar todos los alcaldes de Lima Metropolitana. Ellos deben estar comprometidos. La primera reunión de trabajo estaba programada para el 28 de febrero, pero a última hora la Municipalidad de Lima la canceló”, dice desalentada Revollar.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales, sostiene que viene trabajando con asociaciones de mujeres y otras autoridades una “alianza contra los feminicidios”. Pero, aún no hay planes concretos.

¿Quiénes cometieron los 336 feminicidios en Lima?

La mayoría de los feminicidas que cometió 336 crímenes contra mujeres nació en Lima, Junín, Cajamarca y Ayacucho, y se desempaña como “obrero”. “Además de Lima, provienen de zonas de migración y desplazamiento por la violencia interna. Hay que repensar cómo se están configurando las Limas de norte, sur, este y centro. El hecho de que sean obreros de construcción implica que quizá no han alcanzado un nivel educativo mayor”, recalca Revollar.

De los 336 feminicidios, entre el 2009 y 2018, el 69,9% se cometió dentro de un hogar, y el 30,1% fuera de la casa. El acuchillamiento fue la modalidad más utilizada.