Lima, 28 de julio de 1938.
El (anti) héroe en esta historia, pues fue condenado a 25 años de cárcel efectiva. Si le restamos los dos años que ya llevaba extraditado de Chile y recluido en la Diroes, su pena recién se cumplirá en el 2030. Demasiado tiempo como para que su entorno no buscara un indulto.
Según un mito fujimorista incubado en el 2010, este se lo hubiera dado su hija Keiko cuando ganara la presidencia en el 2011. No pasó eso. Por el contrario, tras el rechazo de Ollanta Humala a una solicitud de la familia, Keiko Fujimori prometió que no usaría su poder político para liberar al padre.
El patriarca desesperado se alió a su hijo Kenji y a PPK, para conseguir su libertad a cambio de un duro golpe al partido de Keiko el 24 de diciembre del 2017. Entre esa navidad insólita y el 3 de octubre del 2018 que se anuló el indulto, sumando las semanas que pasó internado en la clínica Centenario hasta enero del 2019; Fujimori vivió una precaria libertad.
Mucho daríamos por saber qué conversó con Keiko el pasado 23 de marzo cuando ella lo visitó en la Diroes en el marco de la política del INPE que permite encuentros entre familiares reos.
Estados Unidos, 10 de agosto de 1976.
Conoció a Keiko Fujimori cuando ambos estudiaban un MBA en la Universidad de Columbia. Se casaron en el 2004 y se instalaron en Lima en el 2011.
Mark siempre dijo estar preparado para vivir al lado de un personaje políticamente expuesto como Keiko, y así se lo ve, acompañándola en el juicio a su suegro, cuando sus hijas Kyara (nació en el 2007) y Kaori (nación en el 2009) eran muy pequeñas.
El propio padre de Mark, Joseph Villanella, tuvo un problema penal en los Estados Unidos, y su hijo lo padeció siendo muy joven. Lo que vino después fue lo más dramático: verse involucrado, como investigado, en los procesos a Keiko Fujimori por lavado de activos, y ver a su esposa en Santa Mónica.
Lima, 25 de mayo de 1975.
Aunque sin la asiduidad de Kenji, estuvo muy pendiente de los avatares del juicio a su padre. Su carrera política ya se había lanzado en el 2006 cuando postuló al Congreso mientras su padre estaba en Chile; pero el afán presidencial recién se estaba confirmando con la sentencia a 25 años, porque a todos, partidarios y enemigos, les empezaba a quedar muy claro que Alberto no estaría en el partidor del 2011.
No pudo esa vez, ni tampoco en el 2016, a pesar de que tomó la distancia que le pedía la lógica de disminuir su antivoto. De todo eso, quién sabe, pudo haber hablado con su padre en su encuentro, bajo permiso y logística del INPE, del pasado 23 de marzo.
Lima, 19 de mayo de 1980.
Fue, durante el juicio, el más albertista de los 4 hijos. Casi no se perdió una audiencia donde pudiera saludar al padre. Entonces comulgaba y se sentaba junto a su hermana, pero en las siguientes campañas, empezó a tomar distancia. En su primer periodo congresal, bajo el humalismo, tuvo su propio círculo de congresistas, más cercanos a él que a la lideresa del partido.
En el siguiente periodo, vino el cisma. El golpe del indulto sorpresa fue tan devastador para los lazos fraternos, que Fuerza Popular promovió la defenestración del hermano del Congreso. Desde entonces, Kenji, se dedica al comercio de productos perecibles en el mercado mayorista, y no se sabe si su afán político también ha perecido.
Ica, 29 de julio de 1960.
Junto a Gamarra y a Rivera, defendió a víctimas y deudos de las matanzas del Grupo Colina. La abogada es miembro del staff de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y desde antes del megajuicio y hasta ahora, continúa en esa ONG, defendiendo a ciudadanos enfrentados a la acción represiva del estado, incluyendo casos polémicos vinculados al MRTA. Sigue alegando contra Fujimori, pues representa a los deudos de las víctimas de los crímenes cometidos por los Colina en Pativilca.
Lima, 5 de enero de 1962.
Se hizo célebre defendiendo a personajes del ‘lado oscuro’ de la política peruana, algunos de ellos, socios de Montesinos comprometidos en multimillonarios robos.
También salía a la palestra para hablar de otros clientes famosos, como Magaly Medina, o los deudos de las víctimas del Caso Utopía.
El juicio de Fujimori, a pesar de que perdió, lo consagró como abogado brioso y argumentativo, aconsejando a sus clientes medidas realistas como allanarse o confesar delitos de menor cuantía.
Como si buscara completar una colección VIP, también se ha involucrado en la defesa de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Huari, Áncash, 4 de julio de 1950.
El menos locuaz de los tres jueces que sentenció a Fujimori. Fue abogado un lustro antes de entrar a la magistratura y llegar a ser vocal supremo.
Tras el megajuicio, no tuvo mucha suerte en las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y no ha llegado a integrar la sala plena de la Corte Suprema, manteniéndose como vocal supremo provisional. Es hermano de la ex procuradora Julia Príncipe, lo que lo llevó a inhibirse, sin haber sido recusado, ante una casación que involucraba a Ollanta Humala, funcionario a quien su hermana había denunciado.
Lima, 30 de diciembre de 1955.
Presidió la sala penal especial que condenó, por unanimidad, a Fujimori . Como tal, recibió los laureles de los antifujimoristas y la pica mayúscula del fujimorismo que ya, antes de dictarse sentencia, criticó que el juez hiciera consultas doctrinarias a colegas españoles. En los años que siguieron, San Martín presidió el Poder Judicial (2011y 2012) y disertó en muchos ambientes y foros académicos de prestigio, mientras sus críticos lo señalaban como estandarte de las influencias ‘caviares’ en la justicia.
Aunque no tenga un proceso abierto por ello, no se salvó de ser salpicado por los audios del escándalo ‘lavajuez’: en uno de ellos se le oye conversar con Walter Ríos, ex presidente de la corte superior del Callao, pidiéndole celeridad en un juicio que involucraba a un familiar.
Lima, 24 de abril de 1959.
Fue el más joven y el de menos tiempo en la Corte Suprema, de los 3 jueces que condenaron a Fujimori a 25 años de pena. En una entrevista en El Comercio, describió así su papel en el juicio: “Príncipe trabajaba el contexto; la parte penal era mi trabajo; San Martín veía la prueba”.
Como penalista, fue quien sustentó la teoría de la autoría mediata, y así lo recordó en esa entrevista: “Al pobre San Martín le dijeron que se la había copiado de España. La hice yo en no sé cuántas madrugadas”. En el 2018, por pocos meses presidió el Poder Judicial, hasta completar el periodo del renunciado Duberlí Rodríguez.
Chachapoyas, 21 de agosto de 1946.
Era el fiscal de la Nación desde el 2007 y, como tal, le tocaba ver el caso de un ex presidente.
Argumentó y alegó, sin mucho eco en los medios, durante las primeras audiencias; hasta que decidió cederle el lugar a su colega Avelino Guillén. Peláez dejó de ser la cabeza del Ministerio Público y fue reemplazado por uno de sus más cuestionados colegas, César Ramos Heredia.
Como otros magistrados, tras su retiro se dedicó a la abogacía y a la docencia.
Lima, 19 de febrero de 1954.
Fue fiscal desde 1981 y, durante el juicio, tuvo una performance mucho más dramática y eficaz que su jefe Peláez Bardales.
Uno año después, se sintió relegado en una posibilidad de mejora laboral, y renunció al Ministerio Público. Fue parte del equipo de transferencia del gobierno de Humala, pero no participó en él.
También colaboró en la campaña de PPK en el 2016 sin tener, luego, participación en su gobierno.
Santa Cruz, Cajamarca, 18 de octubre de 1964.
Fue defensor de las víctimas y sus deudos, junto a Ronald Gamarra y Gloria Cano.
Rivera era entonces miembro del equipo de la ONG, Instituto de Defensa Legal (IDL) y lo sigue siendo.
Y también sigue defendiendo, coincidiendo con Gloria Cano, de Aprodeh, a deudos de otras víctimas del Grupo Colina.
Y en esa misma línea, de la que no ceja, lo vimos en San José, en la célebre audiencia de la Corte IDH de febrero del 2018.
Lima, 10 de diciembre de 1958.
Fue uno de los abogados de la defensa colegiada de los deudos y víctimas de los crímenes del Grupo Colina.
Como procurador anticorrupción, había tenido bastante trajín abogando por causas de derechos humanos y, tras el megajuicio, lo siguió teniendo. Incluso fue, entre el 2008 y el 2010, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH.
En el 2011 se lanzó, sin fortuna, a la arena política, candidateando en la lista al Congreso de Alejandro Toledo.
Hoy tiene un estudio de abogados junto al también ex procurador anticorrupción y no menos alegoso, Julio Arbizu.