Tantas veces Edgar Alarcón

El congresista Edgar Alarcón tiene tres denuncias constitucionales en proceso en el Congreso y, de acuerdo con información de la fiscalía a la que El Comercio tuvo acceso, otros cinco casos.

Por: Alicia Rojas

El congresista Edgar Alarcón, aún presidente de la Comisión de Fiscalización e integrante de la bancada de Unión por el Perú (UPP), considera que no tiene ningún impedimento para continuar al frente de este grupo de trabajo. Sin embargo, su futuro como titular del mismo dependerá de la decisión de su bancada.

Sobre Alarcón pesan tres denuncias constitucionales, de las cuales dos ya fueron declaradas procedentes en la Comisión Permanente, y otros cinco procesos por presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, de acuerdo con información del Ministerio Público a la cual El Comercio tuvo acceso.

1. Caso: presunto desbalance patrimonial

• 26/07/2019
  

  La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formaliza una investigación contra Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito cuando era contralor general.

  Se detectó un presunto desbalance patrimonial por mayores gastos: en total, S/201.337 entre junio del 2016 y julio del 2017.

• 9/07/2020

  La fiscal de la Nación presenta la denuncia constitucional por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

• 28/09/2020
  

  La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional.

• 13/10/2020

  La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elevó a la Comisión Permanente el informe de calificación de esta denuncia.

• 6/11/2020

  La Comisión Permanente ratifica el informe que declara procedente la denuncia. Se otorgaron 15 días hábiles para que la Subcomisión realice las investigaciones.

• 13/11/2020
  

  El caso retornó a la Subcomisión para ser entregado a un ponente. La congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática) fue designada.

2. Caso: presuntos pagos “ficticios"

• 1/08/2017
  

  El Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria contra Edgar Alarcón por presunto peculado doloso cuando era contralor general.

  El caso se refiere a los pagos presuntamente irregulares, “ficticios”, que habría hecho la Contraloría a proveedores por servicios que no se habrían prestado a la institución con cargo a la caja chica. Se habría causado un perjuicio de S/ 81.121.

• 9/07/2020
  

  La fiscal de la Nación presenta la denuncia constitucional por el presunto delito de peculado doloso.

• 28/09/2020
  

  La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional.

• 13/10/2020

  La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elevó a la Comisión Permanente el informe de calificación de esta denuncia.

• 6/11/2020
  

  La Comisión Permanente ratifica el informe que declara procedente la denuncia. Se otorgaron 15 días hábiles para que la Subcomisión realice las investigaciones.

• 13/11/2020
  

  El caso retornó a la Subcomisión para ser entregado a un ponente. Hasta el momento, no hay congresista designado.

3. Caso: Los Temerarios del Crimen

• 7/11/2019
  

  La fiscal de la Nación formula una denuncia constitucional contra los excongresistas Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma y el hoy congresista Alarcón por sus presuntos vínculos con Los Temerarios del Crimen. El presunto delito es cohecho pasivo propio.

  Alarcón habría recibido S/30.000 para levantar el bloqueo temporal a las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuando el alcalde era David Cornejo Chinguel y Alarcón contralor.

• 14/07/2020
  

  La fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional contra Alarcón, Velásquez Quesquén y Palma.

• 23/11/2020
  

  La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara procedente la denuncia constitucional por el caso Los Temerarios del Crimen.

4. Caso: Municipalidad de Ilabaya

• 15/12/2020
  

  El fiscal anticorrupción de Tacna Ludwing Flores reveló que un aspirante a colaborador eficaz declaró ante el Ministerio Público que el exalcalde de Ilabaya Luis Cerrato habría pagado S/2 millones a Edgar Alarcón para evitar auditorías cuando el ahora congresista estaba al frente de la Contraloría.

Caso: presunto desbalance patrimonial

• Delito

  Enriquecimiento ilícito

• Denuncia relacionada

  El 22 de julio del 2019, se formularon cargos contra Edgar Alarcón por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por los periodos que ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

  Se determinó un presunto desbalance patrimonial por la suma de S/1'278.169,83. Además, se hallaron depósitos bancarios desconocidos por el importe de S/1'593.016,18.

  Actualmente, la denuncia se encuentra a cargo del fiscal provincial anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta.

• Fecha de denuncia

  La denuncia fue suscrita el 9 de julio del 2020 y remitida el 10 de julio del 2020 al Congreso.

• Imputación

  Presentar un presunto desbalance patrimonial (negativo), producto de mayores gastos (egresos), por el importe de S/201.337,24, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017, cuando ejerció funciones como contralor general.

  Asimismo, la fiscalía informó que se determinó la existencia de diversos ingresos bancarizados por la suma de S/275.644,90, cuyos orígenes y depositarios "se desconocen".

• Principales elementos de convicción

  Informe Pericial Contable Financiero N° 18-2019

  Informe Pericial Contable Financiero N.° 19-2019

  Informe Pericial Contable Financiero N.° 51-2019

  Información remitida por Registros Públicos, Notarías y otras entidades donde se verifica la situación patrimonial.

  Información remitida por las diversas entidades financieras, donde se verifica los ingresos y gastos bancarizados.

  Información remitida por la SUNAT

  Movimientos migratorios y otros (gastos de hijos, escuela)

Caso: presuntos pagos ficticios

• Delito

  Peculado doloso por apropiación agravada

• Denuncia relacionada

  Esta denuncia fue formulada por el procurador de la Contraloría General de la República el 22 de enero del 2018, sustentado en un informe de control que se determinó perjuicio patrimonial por el importe de S/ 490.877,95

  Inicialmente estuvo a cargo del sistema anticorrupción de Lima, que derivó copias certificadas a la fiscalía respecto al excontralor Edgar Alarcón.

  Actualmente, la denuncia se encuentra a cargo de la fiscal provincial anticorrupción Karla Zecenarro Mongue, quien encontró suficientes indicios para formalizar investigación preparatoria contra diversos funcionarios, incluyendo a Alarcón por sus actuaciones como gerente central de Operaciones, Gerente de Auditoría Especializada y Vicecontralor.

• Fecha de denuncia

  La denuncia fue suscrita el 9 de julio del 2020 y remitida el 10 de julio del 2020 al Congreso de la República.

• Imputación

  Presuntamente, Alarcón benefició a terceras personas, quienes habrían simulado ser proveedores de la Contraloría y emitieron diversos recibos por honorarios para buscar sustentar servicios “ficticios” o “simulados”. En primer lugar, vinculados a la emisión de 35 recibos por honorarios electrónicos, que fueron cancelados con fondos provenientes de la caja chica central de la Contraloría, por la suma de S/32.417,39 y, en segundo lugar, vinculados con la emisión de 15 recibos por honorarios electrónicos, que fueron cancelados con fondos públicos provenientes de la cuenta de recursos directamente recaudados de la Contraloría por el importe de S/48.704,34, lo que habría originado un perjuicio económico de S/81.121,73.

• Principales elementos de convicción

  Informe de Auditoría N° 041-2017-2-0079

  Recibos por honorarios

  Diversos informes emitidos por departamentos de la Contraloría que señalan que los servicios no se realizaron

  Declaraciones de los presuntos proveedores

  Uno de los presuntos proveedores "fantasma" habría sido José Armando Sava Melo.

  Actos de investigación por la Fiscalía Anticorrupción de Lima

  Los presuntos proveedores mantenían vínculos entre sí (familiares) y están relacionado con funcionarios de la Contraloría.

Caso: Los Temerarios del Crimen

• Delito

  Cohecho pasivo propio

• Investigados

  Excontralor Edgar Alarcón Tejada (presunto cohecho pasivo propio)

  Excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvín Palma (presunto tráfico de influencias)

• Fecha de denuncia

  La denuncia fue suscrita el 4 de mayo del 2020.

  El 14 de julio del 2020 se presentó la denuncia constitucional ante el Congreso.

• Imputación

  En su condición de contralor, presuntamente haber aceptado o recibido, el 9 de agosto del 2016, unos S/30.000 de parte de David Cornejo Chinguel, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El objetivo habría sido levantar la medida de suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, esto pese a que no correspondía su realización al no haberse subsanado las observaciones del órgano de control institucional, trasgrediendo así sus obligaciones funcionales.

• Principales elementos de convicción

  Cuatro informes de la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo

  Declaraciones de miembros de la presunta organización criminal Los Temerarios del Crimen.

  "Celeridad en el procedimiento de levantamiento del bloqueo de cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, el cual solo duro 9 días, siendo que el promedio, respecto a otras entidades públicas durante su gestión es de 48 días calendarios", sostiene la fiscalía.

  Desde la fecha de la reunión (9 de agosto del 2016), con el alcalde y los congresistas, hasta el día que se dispuso el levantamiento de la medida (11 de agosto del 2016), solo hubo 2 días calendario, donde presuntamente se habría levantado todas las observaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional.

  El resultado de la auditoría de cumplimiento determinó responsabilidad administrativa funcional en los funcionarios ediles.

  "Irregularidades en la forma como se habría coordinado la reunión del 9 de agosto del 2016, entre el exalcalde Cornejo Chinguel y el excontralor Alarcón, donde tuvieron participación los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, inclusive un ex oficial mayor del Congreso de la República", indica la fiscalía.

  Presuntos hallazgos de importes de dinero de “origen desconocido” en las cuentas bancarias de Edgar Alarcón, en fechas cercanas a la realización de la reunión materia de investigación, y al levantamiento de la medida, por importes alrededor de los S/30.000.

Las denuncias contra Alarcón

Tres denuncias constitucionales se mantienen en el fuero del Congreso para definir el futuro del parlamentario. Fuentes de El Comercio informaron que el viernes 11 de diciembre se notificó el descargo de Alarcón a la congresista Felícita Tocto, ponente de la denuncia constitucional por presunto enriquecimiento ilícito. En cinco días hábiles, ella deberá realizar el informe de hechos y pruebas.

Pero, hasta el momento la denuncia constitucional por presunto peculado doloso está pendiente a ser delegada en la Subcomisión. Esta situación ya ha sido informada al grupo de trabajo y podría verse en la sesión del lunes 21. Sin embargo, esto dependerá si finalmente la Mesa Directiva del Congreso amplía la legislatura, que concluye este viernes 18.

En cuanto a la denuncia por el Caso Los Temerarios del Crimen, la Subcomisión ya ha enviado el informe de calificación para ser agendado en la próxima sesión de la Comisión Permanente. Es decir, dependerá de este grupo la programación. Recordemos que, para que se agenden las otras dos denuncias en la Permanente, pasó cerca de un mes.

Respecto a un nuevo caso de presunta corrupción en la Municipalidad de Ilabaya (Tacna), conocido este martes, Alarcón negó conocer al exalcalde Luis Cerrato. Según declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, la autoridad edil habría pagado S/2 millones a Alarcón cuando este era contralor general a cambio de evitar auditorías en este municipio.

“No conozco ni he conocido al exalcalde de Ilabaya, no conozco el distrito ni me he reunido con los funcionarios de ahí”, respondió. Según Alarcón, en su gestión como contralor acreditó a una comisión de auditoría en Ilabaya, pero a los 18 días de esto él salió del cargo tras la decisión del Congreso. “Hoy envié a mi abogado a Tacna e iniciar las acciones legales contra el fiscal. No se puede quedar así. [¿Iría a declarar?] Por supuesto. No estoy ni como testigo ni imputado hasta este momento. Si quieren mi manifestación, voy con los documentos a la mano”, agregó.

Los procesos en el Ministerio Público

La defensa de Edgar Alarcón sostiene que el congresista actualmente tiene siete procesos por los presuntos delitos de cohecho pasivo (2), peculado doloso simple (2), peculado (apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social), impedimento de la designación de miembro del Jurado Electoral Especial, y enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, el Ministerio Público detalló a El Comercio que además de los presuntos delitos de peculado [por el caso de presuntos pagos ficticios], enriquecimiento ilícito [caso desbalance patrimonial], y cohecho pasivo propio [caso Los Temerarios del Crimen], que se están viendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista tiene otros cinco en proceso.

¿Y su permanencia en la Comisión de Fiscalización?

A mediados de noviembre, la bancada de UPP informó que Edgar Alarcón sería desplazado de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización tras un acuerdo mayoritario. Aunque incluso el congresista Héctor Maquera, del grupo parlamentario, anunció en RPP Noticias su ingreso a esta titularidad, días después Alarcón figuró nuevamente como presidente.

Fuentes de El Comercio informaron que Alarcón no había renunciado porque esto fue parte de una conversación que no se formalizó, y de una “confusión”.

Este martes, el congresista Maquera ha sostenido en conversación con este Diario que Alarcón debería dejar la comisión porque es una decisión que ya se tomó a nivel de bancada. Además, que el acuerdo tiene que mantenerse.

“Por supuesto, se tiene que mantener. Si hubiese algún cambio, el vocero convoca a los congresistas si se debiera ratificar. Hasta ahora no se nos ha convocado”, dijo Maquera. Consultado sobre si debería verse nuevamente el tema, o si es un hecho, respondió: “Es un hecho cerrado, si hubiese algún cambio hubiese sido a pedido del mismo vocero o congresista, pero fue una decisión”, concluyó.

En diálogo con este Diario, Alarcón negó que se esté aferrando al cargo de la Comisión de Fiscalización. Pero, aunque como él mismo ha indicado la decisión debe ser tomada por mayoría de su bancada, una voz a ponderar será también la de Antauro Humala, condenado por distintos delitos cometidos durante el ‘andahuaylazo’.

Humala es el líder del Frente Patriótico, organización de la cual Alarcón forma parte.

Por su parte, el congresista Maquera considera que Humala “no es la autoridad ni congresista” para definir sobre esta situación.

Horas antes, el congresista y vocero de UPP, José Vega, dijo a El Comercio que hace dos semanas acordaron en la bancada que una vez Alarcón culmine sus informes de fiscalización, asumiría otro colega del grupo la presidencia de Fiscalización. “Hoy coordinaré con todos los miembros para ver ya la decisión del acuerdo tomado”, detalló Vega.

Ante ello, Alarcón explicó que aún falta votar en la Comisión de Fiscalización cuatro informes referidos a las gestiones en: la Municipalidad de Breña, la Municipalidad de San Isidro, la Contraloría por la compra de insumos por la pandemia, y el Hospital Regional de Tacna.

“Ya estamos cerrándolos. Pese a que no habrá pleno, la comisión sigue trabajando”, indicó Alarcón, y tiene como fecha aproximada para hacerlo antes de fin de año. A partir de ahí, agregó, se reunirá con su bancada, conversarán y tomarán una decisión sobre la Presidencia.

“Yo no tengo ningún impedimento para seguir en el cargo. Sé que hay expectativa, pero es una decisión que deberá tomar la bancada. Esperemos que sea la primera semana de enero, antes de iniciar las acciones de la otra legislatura”, indicó.

Según Vega, aunque la decisión de que Alarcón se retire de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización ya había sido tomada por la bancada a mediados de noviembre, luego de esta reunión conversó con su colega y acordaron que luego de tener listos los informes, entonces asumiría otro congresista de UPP el grupo.

“Él aceptó el acuerdo, pero pidió también un plazo para entregar su informe porque estaba pendiente. Ya lo entregó [el del caso Richard Swing], y sobre esa base se tiene que cumplir con el acuerdo tomado”, dijo Vega.