Las deudas pendientes a diez años del ‘baguazo’

La última vez que Flor Vásquez León habló con su esposo fue a las 5:00 a.m. del 5 de junio de 2009. El comandante PNP Miguel Montenegro Castillo la sorprendió por su cumpleaños y la llamó desde  un teléfono satelital. Montenegro había llegado once días antes a la Estación 6 de Petro-Perú, ubicada en Imacita (Amazonas) para ponerse al mando de 38 policías de la Dirección de Operaciones Especiales  (Dinoes). Los agentes resguardaban la base petrolera que ya tenía semanas rodeada por nativos.

Eran días del segundo gobierno de Alan García. En junio de 2008, el Ejecutivo [gracias a las facultades cedidas por el Congreso] aprobó un paquete de decretos legislativos en el marco del TLC con los Estados Unidos. Las normas generaron rechazo de las comunidades amazónicas al considerarlas lesivas a los derechos sobre sus territorios. Aquel 5 de junio, el paro amazónico llevaba 53 días.

“En los días previos él estuvo muy optimista. Me dijo que tuviera confianza porque el Congreso se reuniría, solucionaría el problema y estaría al día siguiente en casa pero eso no ocurrió”, relata Flor quien saca de un fólder manila algunas fotos que atestiguan sus años juntos.

La Curva del Diablo

Alrededor de las 5:00 a.m. de ese 5 de junio, el periodista Martín Arredondo recibió una llamada. La voz era de su contacto en la ‘Curva del Diablo’, sector de la carretera Fernando Belaunde Terry en Utcubamba (Amazonas)donde los manifestantes awajún y wampis mantenían su bastión de protesta. El hombre del otro lado le decía a gritos que los policías lanzaban bombas lacrimógenas para despejar la vía. Arredondo recuerda escuchar mucho ruido y las hélices de helicóptero.

“Llegamos al lugar de inmediato y lo primero que encontramos es el cadáver de un joven nativo. Todo era humo y estaba fuera de control. Recuerdo muy claro la desesperación de los policías y los nativos. Las balas pasaban rozando la pista y tuvimos que lanzarnos a una cuneta”, relata el reportero. Él, junto al camarógrafo Orlando Cánepa, fueron los únicos periodistas de un medio nacional que registraron el momento mismo del desalojo.

Arredondo cuenta que en ese momento hubo gente a la que no reconoció. Ese detalle lo desconcertó porque había convivido con los protestantes durante los días anteriores. Estas personas, narra, lo rodearon cuando intentó impedir que quemaran un vehículo de bomberos. En  ese momento lo amenazaron de muerte si es que no se contactaba en vivo con RPP.

“Llamé al productor  y le expliqué  que me tenían amenazado. Me dieron pase y  salí al aire. Luego de eso nos dejaron. Creo que era ya mediodía, después fuimos hasta el hospital donde registramos a los heridos y esa misma tarde regresamos a Lima”, sostiene Arredondo.

Martín Arredondo. (Foto: Jesus Saucedo)

Pepe Goicochea, actual director del diario Ahora Jaén, era uno de los periodistas locales que llegaron a la zona antes del desalojo. Según su relato, los Dinoes pidieron a los manifestantes que se retiren pacíficamente pero al no llegar a ningún acuerdo, empezaron los forcejeos y los primeros heridos. Recuerda que en la carretera la policía estaba en desventaja numérica pero tenían las tanquetas, los gases lacrimógenas y las armas. Los nativos, dice, se mantenían con sus lanzas, piedras y presume que quienes habían hecho servicio en el Ejército tenían acceso a escopetas.

“Santiago Manuin fue uno de los primeros líderes indígenas en caer herido. La noticia que se propaló es que estaba muerto. Eso enervó el ánimo de los nativos”, sostiene Goicochea. El periodista asegura que el enfrentamiento duró hasta el mediodía. Para ese momento, un contingente policial había ingresado hasta los cerros que flanquean la Curva del Diablo. Además, se habían confirmado la muerte de policías y de más civiles.

“Ahí se registra el último testimonio de la vida del mayor PNP Felipe Bazán y se recupera el cuerpo de algunos de sus hombres”, rememora Pepe Goicochea.

La violencia se propaló a la ciudad de Bagua, a unos 15 minutos en auto desde la Curva del Diablo. Un grupo de personas atentó contra algunos locales públicos, se quemaron autos y también hubo muertos civiles.

Un reporte por la tarde daba cuenta de 12 policías y 10 indígenas muertos. No existió en ese momento un informe oficial del comando policial sobre las acciones del general PNP Luis Muguruza, entonces jefe de Operaciones Policiales de la PNP, ni del general PNP Javier Uribe Altamirano, jefe policial de la región.

A las 12:14 p.m., la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, en comunicación con RPP, dijo que se había resuelto el problema en la estación 6.

Estación 6

En el documental La Espera, el ingeniero de Petro-Perú Fernando Urízar, jefe de la Estación 6, relata que cuando le preguntaron a los nativos el motivo  por el que decidieron rodear la estación durante los días de protesta, la respuesta fue que lo hacían porque era la única institución del Estado en la zona. Urízar dijo también en una entrevista a “Caretas” que una vez que supieron lo que había ocurrido en la Curva del Diablo y la noticia de un presunto “etnocidio” hizo que los nativos quebraran el pacto de no violencia.

“Mi esposo trató hasta el final, de apaciguar a la gente. A él lo tomaron de rehén, lo golpearon, agarraron sus armas  y lo ejecutaron. Él le dijo a sus hombres que huyeran como pudieran. Eso me lo contaron los sobrevivientes”, relata con voz quebrada Flor Vásquez. Finalmente, en la Estación 6 fueron asesinados once policías.

Mercedes Araoz: “no me pueden acusar o decir que mis manos están manchadas de sangre”.

Mercedes Araoz era ministra de Comercio Exterior y Turismo cuando estalló la protesta amazónica en 2009, por los decretos legislativos promulgados por el gobierno de Alan García. Durante años, se ha cuestionado su papel en la decisión del Gobierno de no derogar las normas que las comunidades indígenas consideraban lesivas contra el derecho de sus territorios. Según sus críticos, Araoz ejerció presión al declarar que si derogaban las normas se ponía en riesgo el TLC con EE.UU. Mercedes Araoz, actualmente vicepresidenta de la República ofrece en la siguiente entrevista su versión y vivencia personal sobre el llamado ‘baguazo’.

¿Qué reflexión hace en esta fecha que se cumplen diez años de los hechos de Bagua?

Creo que fue un evento muy lamentable donde murieron 33 personas, 23 de ellos policías por malos entendidos que se dieron por mis comentarios en la radio. Fue un error táctico, una intervención mal hecha, en la cual no tuve ninguna intervención porque yo no era Ministra del Interior, no era Directora de la Policía y no estaba en el Ministerio de Defensa. Es más, no había ninguna forma que yo supiera que iba a haber esa acción. Igual, lamento mucho esa acción porque no se deben dar pérdidas de vidas valiosas.

La reflexión que podría adelantar es que realmente nunca hay que agotar el espacio del diálogo. Los eventos se pueden prevenir con el espacio del dialogo, estableciendo correctos mecanismos para darle seguimiento al cumplimiento de compromisos. Era muy difícil en ese momento, el diálogo lo manejaba el primer ministro (Yehude Simon). Por ejemplo, yo nunca participé en los espacios de diálogo para comunicar porque teníamos que hacer una ley forestal nueva que protegiera además a la gente de las comunidades indígenas. Y las falencias que hubo, las corregimos en el Congreso antes que sucediera lo de Bagua. Sin embargo, esto estalló.

Usted considera injusta la imputación que le hacen directamente con los hechos de Bagua. ¿Qué autocrítica hace a la luz de todo lo ocurrido?

Quizá no comuniqué bien, pero es tanto así que hubo una denuncia en la fiscalía y fue probado que yo no había mentido, que dije la verdad. Había un tema que se tenía que cumplir que era un compromiso dentro del marco del Acuerdo Comercial (con EE.UU.). Que había la posibilidad de que el tratado fracasara o que no nos dieran la autorización de la implementación porque teníamos que tener la ley forestal, que era importantísima. Nunca mentí, está documentado adecuadamente y la fiscalía por lo mismo dijo que no había nada en mi caso. Y yo no tenía la posibilidad de intervenir en los eventos de Bagua porque lamentablemente, si hubiera tenido la posibilidad yo hubiera dicho: ¡no lo hagan! pero eso no pasó por mis manos. No era parte de mis responsabilidades. Yo era Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

¿Cómo cree que ha cambiado el Perú en estos diez años?

Hay una buena ley forestal. Se implementó una ley del Acuerdo 169 de la OIT, que teníamos que tenerla y no existía en ese momento, ni en el momento en que negociamos el tratado y menos cuando se formularon los decretos legislativos. Hoy hay otra ley que nos permite ciertos parámetros para escuchar, que no significa la obligación sino que es una práctica de escucha y de reconocer los derechos de las comunidades indígenas. Pero definitivamente hay aprendizajes. El tema de conflictos ha ido aprendiéndose mucho. Por ejemplo, en la PCM hay un Viceministerio de Gobernanza y en muchos ministerios hay unidades de conflictos.

Le pido una reflexión personal, ¿cómo afectó en usted con lo que ocurrió en Bagua?

A mí me afectó profundamente porque primero, yo actué como funcionaria pública defendiendo mi fuero en el ámbito que tenía pero me pusieron una etiqueta muy injusta y me dolió porque le hicieron daño a mi familia. Mi padre estaba muy enfermo y me ponían cosas muy feas alrededor de la propia vida de mi familia. Me dañaron emocionalmente. Y discúlpame las lágrimas pero fue una injusticia. Yo no tuve nada que ver con la muerte de esas personas. Lamento, profundamente que haya sucedido pero no me pueden acusar o decir que mis manos están manchadas de sangre y dañaran el honor de mi familia.

¿Qué les dice a quienes tuvieron pérdidas directas por el conflicto, a los deudos o las víctimas

Yo a ellos, con todo mi corazón porque he conversado con ellos y hay cosas que faltan cumplir. Lamentablemente, no pude continuar en el Ejecutivo pero me comprometí con ellos en hacer algunas cosas que estaban en mis manos, y voy a tratar siempre de apoyarlos. Son gente muy correcta que me trataron bien y con ese mismo respeto los voy a tratar siempre.

¿Qué marcó el ‘baguazo’ en el país? ¿qué no debe volver a ocurrir?

Debemos establecer claridad del diálogo. El diálogo es una herramienta adecuada, obviamente no la imposición. Tomar carreteras es un manejo que se usa mucho pero también es un delito, hay que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Hay que buscar de todos lados, todas las fuentes que nos permita sentarnos a conversar.

¿El expresidente Alan García llegó a decir en una sesión del Consejo de Ministros que era momento de desalojar la Curva del Diablo?

No, él lo que dijo fue: “esto hay que resolverlo”, “hay que dar una solución a este tema” pero no recuerdo haber escuchado nada de esto.  

Los deudos nos relatan que no han podido alcanzar la justicia, deudos por parte de los policías y de los miembros de las comunidades nativas

Han habido procesos, en mi caso me exoneró la Fiscalía en otros casos no sé. No se cumplió con los compromisos que se hicieron, yo hablé con (Carlos) Basombrío por el caso de los policías y en algunas cosas me ayudó en otras no se pudo. En ese momento, estuvimos trabajando para darle apoyo a las policías y ojalá se vuelva a retomar. 

Distintas posiciones

Desde su casa en Santa María de Nieva, el líder awajún Santiago Manuin atendió la llamada de El Comercio. El 5 de junio del 2009 recibió ocho impactos de bala, pero se salvó. Años después perdió una pierna y hoy se moviliza en silla de ruedas.

“Lo que ocurrió lo lamentamos hasta hoy, pero fue en defensa de nuestro territorio. Estoy en casa y trabajo en lo que puedo porque tengo la esperanza de formar líderes en mi comunidad. Siento que todavía no tenemos diálogo con el Gobierno Peruano: la minería ilegal y la tala ilegal nos amenazan, y como awajún trataremos de darle solución”, dijo el líder indígena.

Manuin reflexionó además sobre la importancia del diálogo para evitar escenarios de violencia. Cree que la mejor manera de garantizar una buena convivencia con los pueblos amazónicos, es que el Estado se comprometa a buscar el desarrollo de la Amazonía en constante consulta con los pueblos originarios para entender cómo quieren ellos ese desarrollo.

Respecto a la apelación presentada por la Procuraduría del Ministerio del Interior y la Fiscalía respecto a la sentencia de la Sala Penal de Bagua que los absolvió a él y otros 51 representantes indígenas en el caso de la Curva del Diablo, Manuin dijo que en estos años se probó la inocencia de los imputados y por eso han decidido no participar más en las citaciones mientras que no se establezcan las responsabilidades políticas del ‘baguazo’.

Juicios pendientes

A partir de los sucesos del 5 de junio del 2009, se abrió una serie de investigaciones fiscales para determinar las responsabilidades en las 33 muertes. De las cinco pesquisas, actualmente hay cuatro vigentes:

- El caso de los generales de la Policía: la fiscalía solicitó 25 años de prisión para los tres generales PNP en retiro José Sánchez Farfán, Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, y para el comandante policial Luis Carpio Sánchez, por ser presuntos autores mediatos del homicidio calificado de 6 personas.

- El caso de la estación 6: se atribuye responsabilidad a 25 personas (todas indígenas) por los presuntos delitos de extorsión, secuestro, arrebato de armamento y disturbios contra 38 policías en la base petrolera.

- El caso por la desaparición del mayor Bazán: se imputó a seis personas por el secuestro agravado del mayor PNP Felipe Bazán.

- El caso de la Curva del Diablo: continúa pendiente la apelación de la fiscalía en la Corte Suprema. Se imputó responsabilidad penal contra 56 personas, 25 de ellos miembros de comunidades nativas por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte públicos, motín, disturbios, tenencia ilegal de armas de fuego, arrebato de armamento o municiones de uso oficial, daño agravado contra 27 policías. Once de ellos muertos.

- El caso de la denuncia de los deudos de la familia policial en contra de la exministra del Interior, Mercedes Cabanillas: la investigación fiscal quedó archivada luego que la Fiscalía Provincial Penal resolvió que no daba a lugar una acción penal contra la exfuncionaria. En esa investigación también estaba incluida la exministra de Comercio Exterior y actual vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz. Se les acusaba del presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica.

- En diálogo con El Comercio, el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien está a cargo de la defensa de un grupo de nativos, dijo que solicitarán a la fiscalía que la exministra Mercedes Cabanillas sea incluida como en la investigación del caso de los generales de la Policía. Quispe dijo que al haberse cerrado su investigación fiscal se trata de una “cosa decidida” (muy distinta a la “cosa juzgada”) y que puede reabrirse en cualquier momento.

BONUS

Este Diario contactó a María del Carmen Gómez, religiosa con muchos años trabajando en la Amazonía y quien fue testigo de primera mano de los hechos del ‘baguazo’ en la Curva del Diablo y a Fernando Vílchez, cineasta y realizador del documental “La Espera” (2013), un documento periodístico que mostró los hechos que llevaron a los eventos del 5 de junio. Reproducimos aquí parte de sus reflexiones en esta fecha.

María del Carmen Gómez. (Foto: Musuk Nolte)

María del Carmen Gómez:

“Cuando empezó el desalojo sentimos las bombas lacrimógenas pero jamás pensé que vería metralletas y armas AKM. Sentí mucha compasión porque sabía que los protestantes estaban desarmados y entonces recé. Dije: “señor, protégelos porque ellos han venido a la carretera a ejercer un derecho de defensa de sus territorios”. Cuánto quisiera no haber tenido que vivir una cosa así.

En el primer paro amazónico de 2008 hubo un acuerdo que el Congreso, en que se comprometían a revisar los decretos legislativos pero al Congreso no le dio la gana de solucionar el problema y se generó la tragedia.

Las consecuencias negativas de esto es que se tenga que esperar a una tragedia para iniciar una mesa de diálogo o derogar normas lesivas a la población. Yo vivo con mucha preocupación porque la herida sigue abierta. Es totalmente injusto que tengan que continuar con un proceso judicial personas que no estuvieron vinculadas a los asesinatos, sí creo hay que ubicar a los verdaderos responsables de todas las muertes y sancionarlos”.

Fernando Vílchez Rodríguez. (Foto: Archivo)

Fernando Vílchez:

“Yo vivía en Madrid y vi estas imágenes que llegaron hacia el exterior. Eran de una crueldad muy extrema y en las primeras horas se habló de masacre y la información era muy confusa. Mi padre es policía y sirvió durante la época del terrorismo. Conversábamos mucho al respecto. Entonces, decidí viajar al Perú en el 2012 y estuve un mes en Bagua.

Recuerdo claramente encontrar allá un puesto de venta de DVD que ofrecía imágenes nunca vistas del ‘baguazo’ y estaban registradas las tomas de la invasión a Bagua Grande, la balacera en la Curva del Diablo y lo que ocurrió luego en la ciudad. Era la forma en que ellos tres años después habían empezado a asumir lo que les pasó.

Creo que con Bagua se llegó muy punto muy al límite y esa sensación de tragedia nunca más se ha vuelto a repetir. La palabra ‘baguazo’, nos lleva a todos a distintos lugares pero algo significa algo para todo el país. Esperemos que nunca más vuelva a ocurrir algo similar y que a futuro se manejen mejor los conflictos sociales”.