Gestión de Perú Libre contrató a 545 militantes por S/8,2 millones en Junín

Los afiliados al partido de Vladimir Cerrón cobraron a través de órdenes de servicios. Los pagos se iniciaron en el 2019, cuando empezó su segunda gestión como gobernador.

El Comercio halló que 545 afiliados a Perú Libre (PL) fueron contratados como proveedores del Gobierno Regional de Junín (GRJ) desde el 2019, año en el que se inició la segunda gestión de Vladimir Cerrón, fundador del partido por el que Pedro Castillo postula a la Presidencia de la República. Según ha verificado este Diario, en total se destinaron S/8′287.326 del presupuesto de esta entidad pública en órdenes de servicios relacionadas a los militantes de la organización política.

La identificación de estas personas es producto del cruce de información entre la base de datos del padrón de PL que figura en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE con las órdenes de servicios del portal de transparencia del GRJ.

La segunda gestión de Cerrón como gobernador de Junín se inició en enero del 2019, pero en agosto del mismo año lo sentenciaron por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en la investigación por el saneamiento de La Oroya, que ocurrió durante su primer período en la región (2011-2014). Por esa razón, el vicegobernador Fernando Orihuela Rojas, militante de la agrupación y persona de confianza de Cerrón, asumió las riendas del GRJ.

Los hermanos

En sus redes sociales, los hermanos Over Alberto y Mao Jimmy Yaranga Tejeda han publicado fotos de actividades de la campaña de Castillo y otras junto a Cerrón. En los últimos años, ambos hermanos han contratado como personas naturales con el GRJ por S/27.888 y S/39.873, respectivamente, pero también como personas jurídicas a través de sus empresas –Industria de Bienes y Servicios S.A.C. e Ingeniería y Desarrollo Zorrito– por S/353.402 y S/454.072 cada una. Los contratos son por venta de materiales de construcción, como clavos o tubos; de vestuario para personal de obra, y por servicios de instalación de cámaras de seguridad.

En total, suman S/875.235. Casi todos los contratos de los hermanos Yaranga Tejeda son con la región Junín. Solo dos veces han facturado con la Municipalidad de Huancayo, cuya gestión también es de PL, pero por montos pequeños, de menos de S/2.500. Además, una de sus empresas contrató con el municipio por S/23.000.

Mao Yaranga ha participado activamente de la campaña de Pedro Castillo. (Foto:Facebook) Over Yaranga en una en la que estuvo presente Vladimir Cerrón. (Foto:Facebook) En su Facebook, Mao Yaranga mostró las actividades en las que ha respaldado al partido, como la repartición de polos en campaña. (Foto:Facebook) Mao Yaranga ha estado presente en la mayoría de eventos de PL en Junín. (Foto:Facebook)

• Elida Apari Luis Martínez José Alegre Yaranga Tejeda

Lazos familiares

Luis Martínez Gálvez es militante de PL desde setiembre del 2020. Si bien en el 2019 cobró S/12.000 por sus servicios como “asesor técnico” para el mejoramiento del Hospital de Pangoa, obra que está paralizada, sus ingresos aumentaron cuando se afilió al partido. En el 2020 recibió un total de S/211.000 por 11 órdenes de servicios, mientras que en lo que va de este año ha percibido S/46.000 por dos contratos. Su empresa Geocivil S.A.C. también ha ganado S/60.000 del GRJ. Su padre, Guillermo Martínez Gabaldoni, fue jefe del equipo técnico de evaluación técnica del puente Comuneros, que generó un perjuicio económico de S/24 millones, según la contraloría.

Otro caso es el de Elida Judith Apari Mallqui. No se trata de lazos familiares, pero sí de alguien que no registra experiencia como proveedora del Estado. Tiene 45 años y, según su perfil de Linkedin, figura como trabajadora social en Essalud. Entre el 2020 y 2021 ha logrado venderle al GRJ cemento, acero y herramientas para la instalación de plantas de oxígeno por un total de S/628.843.

El socio

José Miguel Alegre Chávez, como persona natural, también ha contratado con el GRJ por S/22.500 por dos servicios como consultor. Alegre es socio del congresista electo por Huancavelica Alfredo Pariona Sinche en la Corporación Apag Servicios Generales. Pariona es el secretario general de PL Huancavelica y, como reveló este Diario, estuvo encarcelado dos años por haber repartido volantes de Sendero Luminoso en 1994, cuando era estudiante universitario.

En diálogo con El Comercio, Alegre indicó que prestó servicios al GRJ como arquitecto: “Fue una consultoría en la que Alfredo Pariona nada tuvo que ver”. Agregó que tardaron en pagarle por sus servicios y reconoció que es socio de Pariona. “Tenemos una empresa, la cual casi no ha tenido movimientos desde la fecha de creación”, dijo. Este Diario intentó comunicarse con el resto de los contratados, a través de mensajes en sus redes sociales y sus teléfonos, pero no hubo respuesta.

Indicios y faltas

Christian Guzmán, abogado especialista en contrataciones del Estado, señaló que si una entidad pública contrata a militantes de un partido al que también pertenece quien la dirige, se estaría vulnerando el código de ética. “Estamos claramente frente a un conflicto de interés. El código de ética dice que no debemos contratar o actuar en una situación en la cual tengamos que preferir o dejar de ser imparciales por una razón económica, política, lo que fuese. Acá es por razones políticas”, precisó.

El experto explicó que no solo se ha vulnerado la prohibición del conflicto de interés, sino también “la neutralidad” debido a que las personas que figuran como proveedores hacen campaña política al partido. “Los servidores públicos, así su relación con el Estado sea vía orden de servicios, tienen que mantener neutralidad. No pueden hacer campaña a un candidato”, dijo.

Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, es una situación “irregular” en la que presuntamente se habrían cometido delitos como colusión, cohecho, negociación incompatible o tráfico de influencias. “Sí se llega a una conclusión importante: hay una afectación importante al patrimonio del Estado asignado al GRJ. Es una suma muy importante”, precisó.

Maldonado consideró que es un caso de carácter complejo no solo por la afectación al patrimonio, sino porque son militantes de un partido sin antecedentes de contratar con el Estado. Aseguró que el caso reúne las condiciones para que la fiscalía inicie una pesquisa. “Habría que determinar los patrones más importantes. Tráfico de influencias, mínimo. De parte de las autoridades, negociaciones incompatibles. Pero sí hay una hipótesis seria y rigurosa como para activar una investigación inicial, por lo menos”, acotó.

Por último indicó que este hecho revela que lo que habría ocurrido en el GRJ sería la presunta captura para “propósitos políticos partidarios”. Dijo que otra hipótesis es el financiamiento del partido con fondos del gobierno regional.