En cada una de sus intervenciones, las formas como Jerónimo se expresó fueron distintas. Agitado, como maldiciendo al tiempo para sus adentros, repasó primero la noche en que amaneció junto al cadáver de su cuñado Teófanes Camargo. Una columna de Sendero Luminoso que hoy opera en el Vraem con el rótulo de Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) había acribillado al agricultor en la plaza de Libertad de Mantaro, distrito de Santo Domingo de Acobamba (Junín). Jerónimo, su tío Eliseo y Elena, la esposa de Teófanes, pasaron la madrugada esperando que la comunidad los ayude, pero el terror mantuvo agazapados a todos los vecinos. A las 6 a.m., con los primeros golpes que dieron al bombo comunal, los campesinos empezaron a congregarse.
Jerónimo, la voz contrita, fue luego en retrospectiva, atrapando los hechos del crudo pasado reciente en Libertad: las incursiones de los terroristas, las amenazas contra los que se resistían a colaborar, sus sentencias de muerte. El cuerpo de Teófanes bajo un papel con la frase “Así mueren los soplones”, fue para Jerónimo y sus vecinos la peor advertencia de lo que les estaba por suceder. Ninguna autoridad llegó a levantar el cadáver, el pueblo supo entonces que los padres de Teófanes también habían sido asesinados y solo quedó la opción de huir. Hacia setiembre del 2018, un mes después del triple crimen, el miedo desplazó a casi todas las familias de Libertad de Mantaro.
Ese fue parte del relato que Jerónimo hizo en la reunión de desplazados por el terrorismo que organizó el Gobierno Regional de Junín con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el pasado 20 de febrero. Ahí estuvieron unos 25 comuneros que el 2018 dejaron sus tierras en Libertad de Mantaro y Vizcatán del Ene por temor a morir. La sesión giró en torno a tres preguntas que los campesinos respondieron de manera oral, al principio, y luego de forma escrita: ¿por qué se desplazaron?, ¿cómo viven ahora? y ¿qué necesitan?
El MIMP, a través de la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz, cumple para estos casos un rol de coordinación entre los afectados y los gobiernos locales y regionales, según lo establece la Ley sobre Desplazamientos Internos (Ley 28223), que toma como referencia las migraciones que hubo en el país por la violencia de Sendero Luminoso, entre 1980 y el 2000. Elena Ramos, directora general a cargo de la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz, sostiene que desde aquel periodo el terrorismo no había generado un desplazamiento como el que iniciaron el año pasado los campesinos de Libertad de Mantaro y Vizcatán de Ene.
Cuatro centros poblados del distrito de Vizcatán del Ene están sometidos por el terrorismo. Allí una columna armada torturó y asesinó dirigentes cuyos cuerpos nadie ha encontrado.La actividad desarrollada en febrero apuntó al sinceramiento de información por parte de los desplazados. Hasta entonces, los datos que ellos habían dado a las autoridades eran muy difusos o apenas medias verdades. En palabras del subgerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín, Bladimir López, quien dirigió la reunión, quizá esta cita haya abierto el primer espacio para que los comuneros puedan sacudirse el temor y hablar con un poco de seguridad. Todas las manifestaciones que allí se dieron serían evaluadas al día siguiente por la Comisión Multisectorial para la Prevención, Protección y Atención a la Población Desplazada, que fue constituida en setiembre del 2018, cuando Vizcatán del Ene y Libertad se estaban despoblando.
-El dolor escrito-
Sin los resquemores de Jerónimo, Héctor, el representante de los desplazados de Vizcatán del Ene, describió ante el auditorio el infierno que obligó a que 25 familias dejen las comunidades de Valle Hermoso, Alto Mantaro, Jesús de Belén y Valle Manantial. La tortura y desaparición del delegado vecinal Elvis Sayme, en junio del 2018, había sido el detonante para la huida masiva. No fue el primer asesinato selectivo en Vizcatán del Ene, tampoco el último, pero sí la representación más cruenta de los remanentes de Sendero Luminoso allí. A Sayme lo mataron a latigazos frente a la población.
Como delegado vecinal de Valle Hermoso en el 2016, Héctor había sobrevivido a castigos similares por oponerse al adoctrinamiento terrorista y a que los comuneros entreguen sus ganancias por la madera de los árboles que crecían en sus tierras. Además, rechazaba el acoso de los informantes que la columna terrorista iba granjeando en los pueblos. No lo dijo, pero cogió un plumón y anotó: “Nos tienen en su lista negra”. Después ensayó una línea cimbreada para situar los cuatro pueblos sometidos en Vizcatán del Ene y, marcando un punto como el caserío donde mataron a Elvis, escribió: “Debe instalarse una base militar aquí, en Alto Mantaro, tierra liberada de Sendero Luminoso”.
Para el registro de los testimonios escritos, los campesinos de Libertad de Mantaro y Vizcatán del Ene fueron divididos en grupos. El ejercicio dejó varios rasgos reveladores en unos papelógrafos dispuestos a manera de pizarrón. La cantidad de desplazados de cada sector, por ejemplo. De acuerdo con las nóminas que tenía el MIMP, solo 11 personas habían salido de Vizcatán del Ene. Pero sus representantes en la reunión detallaron que se trata de 25 familias hoy dispersas en cinco regiones del país. En el caso de Libertad ocurrió algo parecido: había 50 empadronados; sin embargo, los comuneros de esta zona apuntaron en la sesión que allá solo quedan 30 personas de las 120 que había.
Bladimir López reafirma: “Es cierto, la información preliminar que teníamos era muy distinta a la realidad”.
Libertad de Mantaro y Vizcatán del Ene están en la misma región, tienen iguales carencias –no hay carreteras ni servicios básicos-, pero los terroristas operan de manera distinta en cada uno debido a su ubicación y geografía. Con los asesinatos selectivos y el reclutamiento de informantes en Libertad, la columna armada intenta controlar un sector que forma parte de uno de los principales corredores de droga en el Vraem. Los remanentes de Sendero Luminoso en la selva subsisten como guardianes del narcotráfico. En Vizcatán del Ene, las torturas y desapariciones de dirigentes vecinales están relacionadas con el rechazo que estos infunden en sus pueblos hacia el adoctrinamiento y al cobro de cupos por las ventas de madera. Alto Mantaro, Valle Hermoso, Valle Manantial y Jesús de Belén están sobre quebradas boscosas, entre cocales y laboratorios de cocaína que el terrorismo también custodia.
Esas condiciones de vida, al parecer, definieron otro de los puntos relevantes escritos en los papelografós. De un lado del salón, los de Libertad de Mantaro buscan insertarse a la vida económica en los lugares donde se han asentado, trabajar como les sea posible. Volver para ellos sería morir. Solo piensan en su pueblo cuando hablan de las familias que aún están allá; el miedo parece que les ha arrebatado hasta el recuerdo de sus víctimas o desaparecidos. Los de Vizcatán del Ene, en la otra orilla, sí quieren regresar, recuperar las tierras que colonizaron la década pasada, hallar a sus muertos. Héctor, tomó un nuevo respiro y así reseñó lo último: “No encontramos los cadáveres de nuestros desaparecidos, queremos que nos ayuden a encontrar si quiera sus huesos”.
-Brazos de auxilio-
La Dirección de Desplazados y Cultura de Paz es uno de los despachos que forman parte de la Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La directora general, Elena Ramos Tenorio, explicó que de acuerdo con la Ley sobre Desplazamientos Internos (Ley 28223), esa oficina a su cargo tiene la obligación de coordinar la asistencia a las personas que han migrado dentro del país por la violencia terrorista.
Los casos de los comuneros de Vizcatán del Ene y Libertad de Mantaro demandaron que, en setiembre pasado, la Dirección de Desplazados gestione la conformación de una comisión multisectorial cuyo encargo es atender a ambas poblaciones. El 28 de noviembre del 2018 la Comisión Multisectorial para la Prevención, Protección y Atención a la Población Desplazada fue reconocida con la resolución ejecutiva regional 1179-2018-GR-JUNÍN/GR. Desde entonces, el Gobierno Regional de Junín preside este grupo de trabajo en el que participan distintos sectores como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, Reniec, Policía Nacional y el Ejército, entre otros.
“No todos los casos merecen la conformación de una comisión multisectorial. Este, en la medida que es un problema de muchas personas, sí”, dijo la funcionaria a este Diario.
El 21 de febrero, un día después de la reunión de desplazados en Junín, la comisión multisectorial sesionó con el objetivo de definir un plan de acción y otorgar responsabilidades a los ministerios, instituciones y entidades involucrados. Elena Ramos precisó que la Dirección de Desplazados fue creada para la atención de las poblaciones que escaparon de sus tierras por el flagelo terrorista, entre 1980 y el 2000; sin embargo, el reglamento de la norma ya está en revisión para que también incluya los casos de desplazamientos recientes.
“Actualmente estamos utilizando las funciones que nos da la Ley 28223 -que tuvo como marco temporal el periodo de 1980 al 2000- para asistir a los campesinos de Vizcatán del Ene y Libertad de Mantaro”.
La Ley 28223 además de desplazamientos por violencia terrorista contempla los que ocurren a causa de fenómenos naturales y acciones del hombre (factores contaminantes producto de la minería ilegal, por ejemplo). Y si bien desde hace casi 20 años no se registraba una migración interna provocada por el flagelo terrorista, como la registrada en Vizcatan del Ene y Libertad, el tema ha seguido vigente en el ámbito institucional.
“No se trata de una página volteada. Hay todo un requerimiento de los desplazados del 80 al 2000 de ser incorporados al Plan Integral de Reparaciones (PIR). Esa es una tarea pendiente a la que hemos sumado estos últimos casos”