Caso Sunat
El 17 de noviembre, el fiscal Marco Huamán Muñoz, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, abrió una investigación preliminar contra Bruno Pacheco por el presunto delito de tráfico de influencias.
La fiscalía anticorrupción ingresó a Palacio de Gobierno para recoger el registro de visitas de la Secretaría General de la Presidencia, que estuvo a cargo hasta el 19 de noviembre de Bruno Pacheco.
La diligencia se dio luego de que Pacheco anunció su renuncia al cargo. Sin embargo, esta oficialización recién ocurrió la noche del martes 23 de noviembre.
Huamán inició las diligencias de oficio tras revelarse los mensajes de WhatsApp entre Pacheco y Luis Vera Castillo, superintendente de la Sunat.
Pacheco habría insistido a Vera Castillo que beneficiara a sus amigos y a una empresa que tenían deudas con la Sunat. (Foto: Lima Gris)
En la diligencia se llevó a cabo la exhibición y el aseguramiento de la información.
La fiscalía halló US$20 mil en el baño de Bruno Pacheco, quien respondió que “el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de S/25.000, permitiendo también voluntariamente hacer el conteo de los billetes exhibidos, verificando que asciende a la suma de US$20.000″.
El dinero se halló entre sus objetos personales.
Durante la diligencia, Pacheco no entregó su teléfono celular porque dijo que “no lo tenía en ese momento”, según informó el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello.
Pacheco entregó la clave de acceso al equipo de cómputo de su despacho, pero dijo que la computadora que se le asignó era usada por una de sus trabajadoras.
Caso Petroperú y el biodiesel
Un equipo de la fiscalía acudió a Palacio de Gobierno para indagar sobre las presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de Petroperú en un proceso de compra de biodiesel. Este caso involucra al presidente Pedro Castillo.
El programa “Panorama” reveló que Samir Abudayeh, director ejecutivo de Heaven Petroleum Operators (HPO), se reunió con Castillo en Palacio de Gobierno el 15 y el 18 de octubre, días antes de que su empresa ganara un contrato de US$74 millones por la venta de 280 mil barriles de biodiésel. El cuestionado contrato luego fue anulado.
En la diligencia, a cargo de la fiscal Norah Córdova Alcántara, se buscaba realizar una copia espejo de las cámaras de videovigilancia del ingreso y recoger los datos del registro de visitas del 15 al 18 de octubre.
El presidente Pedro Castillo no autorizó el ingreso a la oficina de la Secretaría de la Presidencia al equipo de la fiscalía.
El fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina consignó que el presidente es “el que no autoriza ingreso del personal fiscal”.
El acta detalla que la disposición del presidente fue comunicada por el secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, al director de Asesoría Jurídica, Julio Ernesto Salas Becerra.
La fiscal anticorrupción Norah Córdova abrió una investigación de oficio por las reuniones que tuvo el presidente Castillo con Hugo Chávez, gerente general de Petroperú; la empresaria Karelim López Arredondo y Samir Abudayeh.
La fiscalía dispuso iniciar una investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible contra Hugo Chávez Arévalo; los funcionarios Gunther Document Celis, gerente del Departamento de Distribución; Muslaim Abusada Sumar, gerente de Cadena de Suministros; y Roger Liy, gerente del Departamento de Compras e Hidrocarburos de Petroperú. Como cómplices están comprendidos Abudayeh, López y Gregorio Sáenz Moya, representante de la Junta Nacional de Palmicultores.
Primer grupo de fiscales: Caso Petroperú y el biodiesel
Un grupo de la fiscalía, encabezado por el fiscal Reynaldo Mina Abanto, nuevamente se dirigió a Palacio de Gobierno para una segunda diligencia en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de Petroperú. Estas acciones se retomaron luego de que se frustrara la recopilación de información el lunes 20.
La fiscal anticorrupción Norah Córdova informó que la diligencia tenía el mismo propósito a la del lunes, pues no se había dejado ingresar a los fiscales a ciertos espacios de Palacio de Gobierno.
Concluida la diligencia, el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas Palacios, aseguró que cumplieron con entregar todos los requerimientos de la fiscalía y se les dio acceso a las instalaciones de la sede del Gobierno.
Sin embargo, por segunda vez los fiscales fueron impedidos de ingresar a la oficina de la Secretaría del Despacho de la Presidencia de la República durante una diligencia.
“Este despacho se ha apersonado pidiendo que nos dejen entrar a la secretaría personal del presidente, pero no se nos ha dejado ingresar, es más se ha hecho la diligencia en el tópico. No se ha dado la documentación, hemos pedido que hoy se envíe la documentación, son documentos de las agendas de las actividades del presidente que son materia de investigación”, dijo Mina Abanto a la prensa.
Segundo grupo de fiscales: Caso Puente Tarata III
Mina Abanto informó el 22 de diciembre que no se les había permitido el acceso porque “según dice el personal de asesoría, está restringido debido a que hay diligencias paralelas por otros hechos. Además, dicen que al ser nosotros fiscales provinciales no habría competencia para entrar al despacho, vamos a dar un pronunciamiento a las autoridades competentes”.
El abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Juan Alfredo Sánchez Galloso, informó que en Palacio se desarrollaba otra diligencia del equipo de la fiscal Carla Zecenarro, a cargo de la investigación que se sigue a Bruno Pacheco y Karelim López por la licitación al consorcio Puente Tarata III, vinculado a López, en Provías Descentralizado.
Primer grupo de fiscales: Caso FAP y Samir Abudayeh
La fiscal adjunta anticorrupción Yenny Huacchillo Núñez ingresó a Palacio de Gobierno para realizar una nueva diligencia por el caso que involucra a otra empresa de Samir Abudayeh con un millonario contrato.
A Herco Combustibles S.A., empresa de Abudayeh, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) le otorgó el jueves 18 de noviembre la buena pro, como proveedor único, de una contratación directa por S/1′079.999 para la adquisición de 67 mil galones de combustible aéreo turbo A-1 en Pucallpa (Ucayali).
Se trata de la segunda adjudicación a una empresa de Abudayeh luego de que se reuniera con el presidente Castillo el 15 y 18 de octubre en el despacho presidencial.
La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas inició diligencias preliminares por el millonario contrato.
La fiscal Huacchillo aseguró que se encontró “información relevante” tras diligencia en Palacio. “La diligencia es de exhibición y obtención de documentos, se ha desarrollado con normalidad, hemos encontrado información relevante para el caso que se está investigando inicialmente. […] Recordemos que todavía estamos a nivel de una sospecha simple con la cual con esta información que acabamos de encontrar vamos a esclarecer y a seguir con las investigaciones en el despacho”, dijo a la prensa.
Segundo grupo de fiscales: Interrogatorio a Castillo por los ascensos en las Fuerzas Armadas
El presidente Castillo dio su testimonio al fiscal supremo adjunto Ramiro González sobre las presuntas irregularidades en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.
Eduardo Pachas, abogado de Castillo, dijo que el jefe de Estado reconoció los chats sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas que tuvo con José Vizcarra, excomandante general del Ejército. “Los chats fueron reconocidos y se dio el contexto en el que se dieron. No ha habido ningún nombramiento irregular, no se ha favorecido a nadie, los nombramientos fueron los regulares”, dijo Pachas a la prensa.
El procurador general del Estado, Daniel Soria, quien estuvo en esta diligencia, aseguró que el presidente respondió a todas las preguntas que hizo la fiscalía y Procuraduría sobre el caso. “Esta es una etapa del procedimiento, ya vendrán otras y seguiremos con el trabajo”, detalló.