El coronavirus se ensaña con Lambayeque
Uno de cada cinco muertos por COVID-19 en el Perú proviene de la región norteña, y la crisis continúa: los cadáveres se acumulan en bolsas, el aislamiento no se cumple, las autoridades están enfrentadas y los contagios se multiplican a diario.
En los primeros días de marzo, antes de la cuarentena, un joven nacido en el centro poblado de Calupe, en Tumán, y residente en España desde hace varios años, se hizo la prueba del hisopado y dio positivo para COVID-19. La noticia llegó rápidamente a Lambayeque, donde vive su familia. En ese entonces, más de 2 mil españoles habían enfermado y 55 habían muerto. En el Perú había apenas 17 contagiados, la situación aún parecía manejable. La región norteña veía al coronavirus como un mal ajeno, remoto, casi exótico. Pocas semanas después, todo es distinto, todo ha empeorado.
Los lambayecanos estaban tan despreocupados, que cometieron errores, uno tras otro. Por aquellos días, un chiclayano de 57 años, recién llegado de España, estaba en el hospital Luis Heysen y le iban a hacer la prueba de despistaje, pero los enfermeros lo dejaron a solas y este huyó. Si tenía el virus, lo esparció (hasta ahora no aparece, por cierto). Los errores eran muchos y muy serios. Días después, cuando ya el Gobierno había suspendido las clases escolares, las autoridades descubrieron que al menos un colegio privado de Chiclayo seguía dando clases, exponiendo a los alumnos y profesores.
El 15 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en la región. Una mujer había estado en España e Italia antes de volver al Perú, y dio positivo. La aislaron, pero el descuido continuó: el 17 de marzo, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo ingresaron al local de un conocido ‘call center’ y encontraron a más de cien trabajadores apiñados; a los pocos días, uno de ellos dio positivo tras contraer el virus. Lambayeque ya sumaba diez casos, pero a nadie parecía importarle. El 20 de marzo se difundieron imágenes del sacerdote José Zamora, párroco de Lambayeque, caminando en las calles de la provincia rodeado de decenas de feligreses. “Es una imprudencia, pero también somos hombres de fe”, se arrepintió luego.
“Hay que prestar una mirada especial al norte”, dijo el presidente Martín Vizcarra el mediodía del 24 de marzo. No era un dicho retórico sino una preocupación real.
Esta semana, vecinos de varias zonas de Lambayeque reportaron que los cadáveres no eran recogidos a tiempo de sus casas, y se temían nuevos focos de contagio.
Crisis total
Un hombre nacido en Ferreñafe, que no tenía enfermedades preexistentes y no había tenido contacto con personas provenientes del extranjero, presentó un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y dos días después falleció. Recién entonces se le hizo la prueba del hisopado, y dio positivo. El primer muerto por COVID-19 en Lambayeque nunca supo que el virus lo mató. Era el 26 de marzo. Antes de que terminara el mes, otro hombre de Ferreñafe y una mujer de Ciudad Eten fallecieron a causa del coronavirus. El presidente Vizcarra seguía preocupado y amplió las horas de inmovilización social en el norte. Los errores continuaron, también las víctimas.
Según el reporte enviado ayer por el Ministerio de Salud (Minsa), en Lambayeque hay 642 casos confirmados de coronavirus (de un total de 14.120) y 75 fallecidos (en todo el Perú son 348). Es decir, una de cada cinco víctimas del COVID-19 es de esta región norteña. Allí, la tasa de letalidad es del 11,68%, la más alta del país. Es la tercera región con más casos y su situación es realmente trágica. Por hacer una comparación simple: en Lambayeque hay la mitad de casos confirmados que el Callao (1.180), la segunda en la lista después de Lima, pero tiene más del doble de muertos.
Las provincias de Chiclayo y Ferreñafe reúnen la mayor cantidad de casos de contagio, así como de víctimas. “La población tiene conocimiento de la crisis, pero no toma conciencia”, comenta por teléfono el alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco. Fue él quien en marzo ingresó a la fuerza al ‘call center’ donde se seguía trabajando en condiciones insalubres, era él quien se paseaba –megáfono en mano- por las discotecas y bares chiclayanos suplicando prudencia, y es también el que casi a diario acude con agentes de serenazgo a los mercados informales esparcidos por la ciudad para desalojar a los vendedores, quienes apelan al comercio ambulatorio como única posibilidad de sustento económico, con o sin virus en el ambiente. “Pero se van a otro lado y siguen trabajando. A la pandemia le tienen miedo, pero al hambre le tienen terror”, dice.
Pese a los intentos por controlar el mercado informal, el comercio ambulatorio continúa en varios sectores de Chiclayo, Ferreñafe y otras provincias. Estos son focos de contagio del virus.
De alguna manera le da la razón Patricia Carrasco, presidenta de la Federación de Pueblos Jóvenes de José Leonardo Ortiz, uno de los distritos de la provincia de Chiclayo donde más contagiados hay. Ella reconoce que afuera de las casas hay un peligro latente e invisible, pero advierte que los habitantes de los asentamientos humanos absolutamente empobrecidos de la zona norte tienen otros problemas igual de graves, aunque cotidianos. “No hay agua. Esa es nuestra gran preocupación”, dice.
Igual de intranquila suena la voz de Julio Hidalgo, representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque. Esta semana, El Comercio intentó contactarlo varias veces: la primera conversación fue muy breve porque él debía coordinar con el Instituto de Medicina Legal algunos aspectos sobre un reciente fallecimiento; horas más tarde, contestó el teléfono y habló, tenso y exhausto: “Se hacen esfuerzos, pero es insuficiente. Las personas no acatan el aislamiento, el personal de salud tiene enormes carencias y necesidades, las brigadas militares no se dan abasto, los gobiernos locales no habilitan espacios en los cementerios…”.
El cuerpo de un hombre conocido como 'Pochocho' estuvo en su domicilio de Tumán por más de 30 horas. Finalmente fue llevado a un cementerio temporal.
Batallas perdidas
El 8 de abril fue un día interminable. El gerente regional de Salud, Jorge Ordemar Vásquez, dijo que el número de casos confirmados de coronavirus en Lambayeque había aumentado muchísimo en pocas horas: de 118 a 296. Confirmó también que había 24 muertos en la región a causa de este mal. “Se están sincerando las cifras”, admitió el funcionario.
Casi a la misma hora, policías y representantes del Minsa llegaron a una vivienda en Ferreñafe donde se velaba a un muerto. Los vecinos habían denunciado el hecho por temor, pues el hermano del fallecido había sido víctima del COVID-19 pocos días antes. Nadie supo qué hacer. Los policías acordonaron la zona. Otro grupo de agentes fue a una casa en Tumán y tomó nota de otro cadáver que aún no había sido recogido; era un hombre que había dado positivo a la prueba de hisopado. Otros dos casos similares se reportaron ese mismo día en Tumán y La Victoria. En el centro poblado de Luya, el temor por un reciente fallecido se convirtió en pelea, pues los vecinos no permitían a los familiares que los enterraran en la zona.
El 9 de marzo, Pilar Mazzetti, ex ministra de Salud y titular del Comando de Operaciones COVID-19, aterrizó en Chiclayo y de inmediato sostuvo una larga reunión con autoridades de la zona. Aquel día, se estableció que la Base COVID-19 en Lambayeque estaría a cargo del general EP Walter Bracamonte, un militar que desde el inicio de su gestión ha persistido en usar un lenguaje militar y bélico para referirse a la lucha contra la pandemia. “Cuando hay una guerra -porque esta es una guerra con un enemigo invisible-, hay un campo de batalla, y se confrontan dos fuerzas (…) y lógicamente hay muertos…”.
La Base COVID-19 en Lambayeque está a cargo del general EP Walter Bracamonte. “Esta es una guerra con un enemigo invisible”, dijo días atrás.
En ese mismo discurso pidió a la prensa local dejar de usar el término “fosas comunes”, para utilizar mejor “cementerios temporales” como el espacio donde se colocarían los cadáveres que no pudieran ser cremados ni enterrados en cementerios comunes. Aquel día, pocas horas después, hubo una primera ‘batalla’ que librar: ‘Pochocho’, un hombre de 50 que murió en su casa de Tumán, aislado en un patio, fue recogido de su domicilio recién 30 horas después. En la parrilla de un ataúd trasladaron el ataúd hacia el sector de Campo Aliaga, donde sería enterrado en un “cementerio temporal”. Se necesitaron 60 soldados y 40 policías para dispersar a los moradores de los asentamientos humanos vecinos, quienes colocaron piedras, troncos y vidrios para impedir que el cadáver llegara a su destino. Los agentes tuvieron que disparar al aire y la situación se salió de control en varios momentos. Finalmente, se abrió un hueco de dos metros de profundidad en un terreno baldío donado por una empresa azucarera, y allí fue sepultado. Ahora hay una cruz donde solo se lee el apodo del fallecido.
Esta semana, la crisis en Lambayeque alcanzó otro nivel, uno todavía peor. El martes 14, el personal médico del Hospital Referencial de Ferreñafe (una de las zonas más golpeadas por el virus) decidió no atender más en los consultorios para pacientes COVID-19 y tampoco en los consultorios comunes por, entre otras razones, no tener equipos de protección mínimos para la atención de pacientes contagiados. En este hospital, dijo uno de los firmantes del acta de suspensión, ni siquiera hay agua las 24 horas. Esa es otra batalla perdida.
Dos días después, el jueves, se difundió un video grabado por un enfermero en un pasillo del Hospital Regional, donde se veían varios cadáveres envueltos en bolsas negras, esperando algún destino final. Julio Hidalgo, el representante de la Defensoría, confirmó que hasta aquel había 20 cuerpos en dicho hospital y otros cinco en el Hospital Luis Heysen, esperando ser cremados. Una tragedia acumulativa.
Esta semana se reveló que 20 cadáveres permanecían amontonados en un ambiente del Hospital Regional de Lambayeque.
La falta de equipos médicos y la demora en el manejo de cadáveres ha sido confirmada por varios funcionarios del sector Salud y por médicos, pero siempre bajo anonimato. Esto debido a que, según dicen, han recibido la orden del general Bracamonte de no dar ninguna declaración a la prensa. “Tenemos discrepancia serias. Esta es una guerra biológica, no militar. Aquí falta estrategia”, se quejó un funcionario. Tampoco el general Bracamonte quiso dar declaraciones a este Diario, y solo se limitó a brindar información estadística básica.
La crisis sanitaria y social en Lambayeque no solo no se detiene, sino que se agudiza desde varios frentes. El viernes, un motín reportado dentro del penal Picsi, en Chiclayo, que se originó cuando unos reclusos comenzaron a quemar colchones alegando temor a un posible contagio de COVID-19, terminó con dos presos muertos y uno herido.
El manejo de cadáveres de personas que se contagiaron de coronavirus ha sido duramente criticado por la opinión pública en Lambayeque, una de las regiones más afectadas por la pandemia.
Ayer, la provincia de Chiclayo celebró 185 años de creación de la manera más triste posible: el alcalde Gasco, acompañado de tres policías, izó la bandera a media asta en una mañana lluviosa, fría y silenciosa. No hubo discursos, no hubo fiestas, no hay nada que celebrar.
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El sábado, la provincia de Chiclayo cumplió 185 años de fundación. No hubo mayor celebración.