Las multas fantasmas de Breña

La historia empieza a torcerse aquí. Al llegar, funcionarios de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa le indicaron que pagara en las oficinas del sótano del edificio, no en la caja del municipio. Ahí recibió una orden de pago y un voucher, ambos con el sello de la tesorería.

La óptica Sower volvió a atender ese mismo día, a pesar de que nadie verificó que se hubieran subsanado las fallas. Pero José Luis Moscoso, empresario desde hace más de dos décadas, sospechó que algo no iba bien. Y el tiempo, lento pero infalible, acabó dándole la razón.

–Engranaje ilegal–

El caso de Moscoso es similar a los de más de 30 comerciantes y empresarios víctimas de una presunta mafia que operaba en la Municipalidad de Breña desde el inicio de la gestión del alcalde José Li Bravo (Acción Popular).

Solo entre febrero y los primeros días de abril del 2019, este grupo se habría apropiado de S/53.155 correspondientes al pago de multas que no fueron registradas en el sistema de la comuna.

El Comercio accedió a los testimonios que los afectados rindieron ante la Oficina de Control Institucional (OCI) del municipio y comprobó que fueron estafados con la misma modalidad. Además, fuentes de este Diario sostuvieron que la denuncia es parte de un informe que será publicado en los próximos días por la contraloría.

Todo comenzaba como un proceso regular: inspectores de la municipalidad se presentaban en los locales comerciales –en su mayoría dedicados a la venta de comida– para verificar en qué condiciones atendían al público.

Si encontraban alguna falta o infracción, imponían la multa respectiva y clausuraban el local. Enseguida ofrecían a los propietarios reabrir sus negocios con celeridad si cancelaban las deudas el mismo día. En algunos casos proponían un descuento del 50%, tal como sucedió con la óptica Sower.

Ahí empezaban las movidas sospechosas. El personal de Fiscalización Administrativa se aseguraba de que los pagos se efectuaran en el sótano del edificio edil. Las excusas más recurrentes eran dos: la caja del municipio –única oficina autorizada para recibir pagos– estaba saturada o ya había cerrado.

Para no generar suspicacias, esta presunta banda entregaba a los contribuyentes órdenes de pago con sellos aparentemente oficiales, y hasta creó vouchers similares a los de la municipalidad. Pero el destino del dinero era sus bolsillos.

Negocio o persona afectada	Rubro	Fecha	Oficina del pago	Boleta	Monto
La Liguria	Panadería	20/02/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 3150
Divesa Service	Industriales	6/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2100
El Pino	Restaurante	29/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
Encanto del Norte	Restaurante	21/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2500 (Romero Tavera recibe el pago en su cuenta)
Ancashino	Restaurante	2/04/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1550
El Ligurino	Desayuno y postre	20/02/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1155
Metro	Supermercado	26/02/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 3360
Diseño Romis	Diseño gráfico	15/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1575
Los Reyes	Barber Shop	29/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
Emiliano Guzmán	Vivienda	14/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
Instalaciones y Decoraciones	Decoración	28/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2625
El Milagro	Panadería	28/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2100
Wan Tay	Chifa	2/04/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2100
Felicidad	Chifa	21/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2100
Sparis	Salón de Belleza	28/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1000
New Look	Óptica	29/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
Sower	Óptica	29/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
El Brasero	Restaurante	20/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1680
Dulcibom	Pastelería	28/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1575
Félix II	Restaurante	28/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2100
El Cangrejito Bebé	Cebichería	20/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2100
El Puma	Restaurante	21/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2600
Los Tres Chanchitos	Restaurante	20/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1680
Tom Sen	Chifa	29/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
La Salle	Quiosco del colegio	8/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
Primero	Chifa	22/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2625
Comercial Romax	Mayorista	1/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1000
Refugio	Hotel	6/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 2100
Proterm	Importaciones logísticas	13/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
Confortpedia	Podología	6/02/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 300
El Pica Rico	Restaurante	13/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 1050
Jico Villafuerte	Vivienda	21/03/2019	Fiscalización Administrativa		S/ 630

Monto total: S/ 53,155.00

El Comercio revisó el reporte de pago de multas administrativas de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa –un documento oficial de la municipalidad– y comprobó que en ninguno de los casos evaluados el dinero ingresó a la caja de Breña.

–Cadena de responsables–

Otros dos testimonios recabados por OCI confirmarían que las multas fantasmas de Breña fueron parte de un sistema organizado que escaló al menos hasta el entonces subgerente de Fiscalización Administrativa, Valerio Granda Álvarez.

El primero es el de Régulo Díaz Díaz, dueño del restaurante El Puma de la avenida Venezuela. Su negocio fue intervenido el 21 de marzo del año pasado y le impusieron una multa de S/2.600 por falta de higiene en la cocina.

Díaz Díaz pagó la deuda en el sótano municipal, pero buscó al alcalde Li Bravo para preguntar si el trámite era lícito. Quien lo recibió fue su secretaria. Según relató a OCI el propietario de El Puma, ella llamó a Granda Álvarez para que absolviera su duda.

El relato de Régulo Díaz ante OCI. Según dijo, la secretaria del alcalde estuvo al tanto de lo sucedido.

Granda Álvarez fue subgerente de Fiscalización Administrativa de Breña desde el 24 de enero hasta el 11 de abril del 2019. A través de la Resolución 325–2019–MDB se dieron por concluida la labor de este exfuncionario y se le agradeció por los servicios prestados.

En octubre del 2019, un reportaje de este Diario mostró cómo trabajadores de la mencionada subgerencia manipulaban las cámaras de seguridad instaladas en la oficina. Las fechas coinciden con las de estos cobros irregulares.

Valerio Granda también fue identificado por Eliza Velásquez Ccanto, propietaria de podología Confortpedia. El 6 de febrero, los tres stands que ocupa este negocio en una galería de la Av. Venezuela fueron intervenidos por carecer de certificado de Defensa Civil.

Velásquez Ccanto debía pagar S/3.150, pero se le ofreció un descuento de 50%, el cual equivalía a S/1.575, si cancelaba la deuda el mismo día.

La empresaria no contaba con ese monto y se le comunicó a Granda Álvarez. Este, según el relato de la ciudadana ante OCI, le preguntó cuánto tenía. El pago efectuado finalmente fue de S/300. Sus locales fueron reabiertos dos días después. Nadie comprobó que hubiera subsanado las deficiencias.

Eliza Velásquez cuenta cómo Valerio Granda acepta hacerle un descuento de multa.

Esta no es la primera vez que el nombre de Valerio Granda Álvarez aparece ligado a presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Breña. En el 2019, “Latina” mostró un video en el que se ve cómo el exfuncionario junto a Carlos Surco Valencia, entonces gerente de Administración y Finanzas de la comuna, y otras personas participaban en la recepción de supuestos cobros ilegales en otra caja paralela, instalada en la oficina de Desarrollo Económico, en el primer piso del palacio municipal.

Pero el caso más escandaloso es el que vincula al colaborador municipal Héctor Romero Tavera, a quien El Comercio ya había identificado como una de las personas que desviaron las cámaras de seguridad de la oficina de Fiscalización Administrativa.

El 21 de marzo del 2019, el restaurante Encanto del Norte fue clausurado por falta de higiene en la cocina. El mismo día, la ciudadana Nelly Acosta Santisteban, esposa del propietario del negocio, fue al municipio a resolver este problema. En el sótano la recibió Romero Tavera, quien incluso le ofreció reducir la deuda de S/2.650 a S/2.500 si le pagaba en ese momento y en efectivo.

Acosta Santisteban contó a OCI que no tenía efectivo en ese momento, así que Héctor Romero no tuvo mejor idea que darle el número de su cuenta personal para que efectuara el depósito, algo que ella aceptó. Una vez recibido el dinero, el funcionario le entregó el acta de levantamiento de la clausura.

Según Nelly Acosta, Héctor Romero le pidió depositar el dinero de la multa en su cuenta personal.

El comprobante del depósito que Acosta entregó a OCI.

Según Acosta, Romero Tavera escribió, de puño y letra, sus datos para que hiciera el depósito.

En el organigrama de la Municipalidad de Breña, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa depende directamente a la Gerencia Municipal, a cargo de Carmelo Coci Otoya cuando ocurrieron estos hechos.

Hoy Carmelo Coci se desempeña en la Municipalidad de Breña nada menos que como subgerente de Fiscalización Administrativa.

Una fuente de El Comercio que conoce de cerca el caso asegura que el monto robado es mucho mayor a lo revelado en este reportaje, puesto que muchos comerciantes y empresarios han preferido mantener el silencio para no exponerse.

El Comercio envió a la Municipalidad de Breña un cuestionario de siete preguntas para conocer sus descargos y postura respecto de esta investigación. La respuesta de la Subgerencia de Comunicaciones fue: “Los denunciados tienen un proceso disciplinario paralelo a la denuncia penal que aún continúan abiertos. La procuraduría procedió con la denuncia penal y administrativa correspondiente, la que viene siendo investigada. Es toda la información que puedo alcanzarte”.

–En proceso–

La abogada penalista Romy Chang explicó que en este caso habría al menos cuatro delitos:

• Falsificación de documentos con el agravante de ser públicos (de 2 a 10 años de prisión)

• Fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales (2 a 5 años de prisión)

• Banda criminal (de 4 a 8 años de prisión)

• Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (hasta 2 años de prisión)

Julissa Rodríguez Ávalos, exjefa de OCI de Breña, confirmó a este Diario que durante su gestión, que concluyó el pasado 9 de agosto, se tomaron las manifestaciones de comerciantes y empresarios del distrito.

El Comercio también se comunicó con Marietta Zavaleta Meza, actual titular de la OCI de Breña, pero se excusó de declarar para este reportaje, puesto que “el caso aún está en fase de investigación”.

El caso de las multas fantasmas en la Subgerencia de Fiscalización Administrativa y otros presuntos actos de corrupción en Breña son parte de una investigación de la fiscalía.

Este no es el primer presunto acto de corrupción que involucra a la gestión de José Li Bravo. Este Diario reveló que el 14 de febrero del 2019 la Municipalidad de Breña compró 30 bicicletas para patrullaje de serenazgo por S/32.994, el cuádruple de su precio real.

Si conoces o sospechas de algún caso de corrupción en tu distrito, escríbenos a gino.alva@comercio.com.pe.

-Sobre nuestro trabajo-

El Comercio investiga los presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Breña desde julio del año pasado, cuando denunciamos –gracias a información proporcionada por fuentes en el municipio– la compra sobrevaluada de bicicletas para el patrullaje de serenazgo.

Ese destape nos permitió acceder a nuevas fuentes y descubrimos que las presuntas acciones irregulares en la municipalidad eran mucho más graves. Un segundo reportaje mostró cómo exfuncionarios manipulaban las cámaras de seguridad de oficinas en las que se habrían efectuado cobros irregulares.