La lucha de las mujeres trans en tiempos de pandemia
Para la población estigmatizada, la emergencia nacional ha traído hambre y discriminación.
En una casona del jirón Chancay, en el centro de Lima, viven 16 mujeres transgénero. Todos los días, golpe de mediodía, una de ellas prepara el almuerzo en un pequeño cuarto de menos de 2 metros cuadrados que, a raíz de la cuarentena por el coronavirus, se ha convertido una improvisada cocina de una sola olla.
En el 2010, un estudio de la Universidad Nacional Cayetano Heredia encontró que alrededor de 65% de personas trans sobrevivían a través del trabajo sexual. “No hay oportunidades laborales, nadie te quiere contratar. El sistema te va excluyendo. La única opción que tienes es esa”, explica Leyla Huertas, activista trans y coordinadora de Féminas Perú, una organización que busca empoderar a las mujeres trans a través de la información, las actividades comunitarias, la incidencia política y el activismo social.
Génesis, de la casa de Chancay, quería ser repostera profesional, pero las constantes agresiones terminaron alejándola de sus estudios en Huaral. Al llegar a Lima, el trabajo sexual llegó como única alternativa de supervivencia. “No pierdo la esperanza de algún día retomar mis estudios y así dejar la vida de la calle. No es nada fácil llevar 15 años en la calles”, confiesa.
En el año 2013, el trastorno de identidad de género –como se denominaba la condición de las personas transgénero- fue retirado del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM, por sus cifras en inglés), de la Asociación Americana de Psiquiatría. En su lugar, se colocó la ‘disforia de género’, que describe, más bien, la angustia que una persona experimenta cuando su sexo no coincide con su identidad de género. En otras palabras, se determinó que el problema no es el transgenerismo en sí, sino los desórdenes que se generan en las personas trans a raíz de la respuesta de una sociedad que las discrimina. Y la sociedad peruana es un ejemplo de libro de texto.
En la casona del jirón Chancay, la mayoría viene del interior del país. Muchas abandonan sus hogares por ser discriminados al interior de la familia misma.
“La mayoría de las personas trans se encuentra en una situación de pobreza y exclusión debido al estigma, así como a la discriminación social y estructural que afrontan en la sociedad. Por ello, la paralización de las labores o actividades en el marco del estado de emergencia, puede afectar gravemente su subsistencia”, señala Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Este es el caso de las chicas de la casona de Chancay que, al vivir del día a día, el aislamiento social decretado por el gobierno les ha significado un encierro sin posibilidad de ingresos. De las 16, solo dos figuraron como aptas para recibir el bono asistencial del gobierno para familias vulnerables.
“También, debemos considerar que muchas abandonaron sus hogares o fueron echadas de ellos, debido a su identidad de género, motivo por el cual no cuentan con el apoyo de sus familias ni estudios que les permitan acceder a puestos de trabajo adecuados para llevar una vida digna o en igualdad de condiciones”, agrega Castillo.
En una casona viven solamente aguarunas, pero esa casa es hermética como el pueblo Aguajún mismo. No nos dejan entrar.
Solo en el cercado de Lima hay 7 casonas que agrupan, en total, alrededor de 200 mujeres trans. La mayoría viene de provincia, principalmente de la selva del país. En una de ellas viven solamente aguarunas, pero esa casa es hermética como el pueblo Aguajún mismo. No nos dejan entrar.
Todas las mujeres de las casonas sobreviven la emergencia nacional a punta de donaciones. Los minúsculos cuartos en los que viven –algunos compartidos- les cuestan alrededor de 15 soles diarios, un gasto que se vuelve cada día menos sostenible en la era del coronavirus.
La higiene, una condición indiscutible para evitar el contagio del virus, se ha convertido en una tarea especialmente difícil en estas viviendas tugurizadas. “No contamos con alcohol, no contamos con papel higiénico”, cuenta Kimberly. Lo que sí, usan mascarillas, todas donadas y con diseños coloridos.
El único implemento de seguridad con el que cuentan las mujeres del jirón Chancay son mascarillas, todas donadas. No hay alcohol, y el jabón y papel higiénico difícilmente alcanzan para las 16.
“Las chicas son muy responsables”, dice Samira, que vive en otra casona ubicada a solo unas cuadras, en la avenida Nicolás de Piérola. “Cuando hay que hacer mercado, solo sale una”. En esta casa, el almuerzo –única comida del día- se ha convertido en un espacio de apoyo y unidad para las 20 chicas que allí viven. Antes de la llegada del COVID-19, cada una hacía su vida. Hoy, una olla le da de comer a todas los pocos víveres que reciben como donaciones de organizaciones, amistades y la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad de Lima. Nos invitan un plato de fideos con atún y limonada. “Lo poco que tenemos lo compartimos”, nos dice Nany, que cocinó ese día.
Un factor adicional en contra de la población trans es la falta de empadronamiento, que impide identificarla con fines de asistencia. “Nosotras, que estamos en extrema vulnerabilidad ni siquiera estamos identificadas”, sostiene Leyla Huertas. Actualmente, Féminas Perú se encuentra trabajando en un padrón que podría hacer el cambio.
La pesadilla en un documento
El 2 de abril, Martín Vizcarra anunció que la movilización se restringiría según el sexo: lunes, miércoles y viernes saldrían hombres; martes, jueves y sábado saldrían las mujeres. Aunque la medida tuvo corta vida –el gobierno dio marcha atrás 8 días después-, su breve vigencia fue suficiente para registrar episodios de abusos de parte de las fuerzas del orden hacia personas transgénero.
La mañana del 4 de abril, Alexandra Arana fue intervenida en Chincha por un contingente policial mientras caminaba al mercado con una amiga. Era martes, día de mujeres, pero en su DNI, donde dice “sexo”, figuraba una “M”. En su voz –grabada en un video que subió a redes sociales- se percibe la impotencia. El policía insiste en que ese día no puede salir de casa. “Tranquilo, por favor” le exhorta el agente ante sus reclamos. Ella corrige rápidamente: “tranquila”.
En el cercado de Lima hay 7 casonas que agrupan, en total, alrededor de 200 mujeres trans. Los cuartos cuestan, en promedio, S/.15 el día, gasto cada vez más difícil.
Alexandra es diseñadora. A sus 53 años, tiene un negocio de modas y, por años, ha vestido de gala a las reinas de belleza de la ciudad costeña. “Yo soy reconocida por el alcalde, por el capitán de la policía, por el párroco. Ayudamos en todo, en las actividades del municipio, hacemos tardes deportivas, ayuda social. Aun así, he tenido que pasar por esto. Nos hicieron perder más de una hora y cuando llegamos al mercado ya no había nada”, relata.
Ese mismo día, en Iquitos, Annie Rachel salió de casa con dirección al cajero automático. En el camino, pidió direcciones a un policía. El agente no se las dio. En cambio, le pidió sus documentos y, tras leer un nombre masculino, le dijo que no era su día de salida. “En mi DNI está el nombre que me pusieron mis padres, pero no mi nombre”, asegura.
En Chepén, Chiclayo, una mujer trans fue impedida de entrar a Tottus por un agente de seguridad privado, en el día de salida de mujeres. Pese a que el supermercado dijo que tomaría medidas correctivas en un comunicado, Kiara volvió a encontrar al mismo agente en la puerta días después. “A mí me han hecho un daño psicológico, en redes sociales me insultan, se burlan”, cuenta la estilista.
Pese a las décadas de discriminación y abusos que le tocaron vivir –una ‘cacería de brujas, según sus palabras-, a Alexandra no dejan de sorprenderle sucesos como este, especialmente en tiempos de emergencia. “Estamos viviendo un momento de caos y rezamos día a día todos juntos. Ahorita lo que tiene que haber es una unión de todos, aquí no tiene que haber diferencias, somos todos juntos: homosexuales, transexuales, bisexuales, lesbianas, heterosexuales. Todos juntos tenemos que empujar”, dice del otro lado del teléfono.
Todos los días, a las 12 en punto, las chicas de la casa en la avenida Nicolás de Piérola almuerzan juntas los víveres que les van donando. Esa vez cocinó Nany.
En medio de la pandemia, la comunidad trans recibió una noticia esperanzadora: la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado Peruano por las torturas y violación sexual de Azul Rojas Marín, una mujer trans que en el 2008 –cuando ella se definía como hombre homosexual- fue vejada salvajemente por varios agentes de la policía.
Según ha estimado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –en base a la poca información disponible sobre el asunto- la expectativa de vida de las personas trans en la región es de 35 años.
El camino hacia el reconocimiento
Hoy en día, quien quiera cambiar su nombre y sexo en el DNI debe, necesariamente, acudir al Poder Judicial. En el sistema de justicia, sin embargo, no existen criterios estandarizados para la toma de decisiones en este tipo de pedidos: básicamente, la suerte de una persona trans depende del juez que le toque.
En medio de la pandemia, la comunidad trans recibió una noticia esperanzadora: la Corte IDH encontró responsable al Estado Peruano por el caso Azul Rojas
En el 2018, la Comisión Nacional contra la discriminación (CONACOD) publicó un informe que da cuenta de los procesos judiciales sobre solicitudes de cambio de nombre o sexo que, en los últimos 5 años, habían sido notificados al Reniec. De las 138 demandas, 49 –o sea, el 36%- fueron hechas en Huaraz.
En el año 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría retiró el trastorno de identidad de género de su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
“Lo que se le informa a la CONACOD es que en esa jurisdicción [Huaraz] hay un juzgado donde se protegen los derechos de las personas trans”, explica Daniela Meneses, especialista en temas de género. “Esto es una muestra de que hoy en día existe incertidumbre y discrecionalidad judicial para las personas trans. Lo que necesitamos es que no haya incertidumbre y no haya discrecionalidad judicial, que las personas sepan que tienen un derecho y que pueden acceder a él”.
En el 2016, las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave presentaron un proyecto de ley sobre identidad de género (790-2016), que tiene como finalidad permitir a las personas cambiar su nombre y sexo en el DNI mediante un procedimiento sencillo y gratuito ante el Reniec, sin necesidad de acudir al Poder Judicial. La propuesta, además, prohíbe que, para efectos del trámite, se exija constancia médica alguna, como cirugía de reasignación de sexo, tratamiento hormonal o evaluación psicológica.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en las comisiones de Constitución y Mujer del Parlamento. “Desde la presentación del proyecto en cuestión, han transcurrido más de tres años, pero lamentablemente, nunca tuvo siquiera un dictamen de comisión, lo cual evidencia la poca voluntad política y decisión del Congreso de la República”, indica Castillo, de la Defensoría del Pueblo.
Meneses ahonda en los motivos por los cuales considera necesario contar con una ley de identidad de género. “Esto involucra pensar en qué momento se nos pide, como ciudadanos, el DNI. Se nos pide para ir a votar, para firmar contratos, para ir al banco, incluso para visitar algunos edificios privados. Todas esas son situaciones donde quien no tiene un DNI con su género y con su nombre está expuesta a discriminación”, explica.
Cuando Alexandra Arana tenía 17 años, una mujer transgénero la marcó con sus palabras. “Me dijo que, para nosotras, toda la vida va a haber una piedra para saltar, y que tendría que ser muy fuerte para ir saltando piedra por piedra. Porque no sería una, serían miles. Pero que, si era una persona correcta y no le hacía daño a nadie, siempre las saltaría”. Alexandra dice que, hasta hoy, las ha saltado todas.
Si usted quiere hacer una donación a una de las casas mencionadas en este reportaje puede comunicarse con el 942145228, de la casa jirón Chancay, y al 928361751, de la casa de Nicolás de Piérola.