Policías bajo arresto

El lunes 2 de diciembre, un total de 16 policías –un coronel, un comandante, un superior y 13 suboficiales– fueron detenidos en Cusco, Puno y Moquegua. A ellos se los investigaba desde hacía meses, y se descubrió que colaboraban con traficantes de drogas en el sur del país. “Cuando luchamos contra el delito no interesa la condición, la profesión si se trata de policías o no”, dijo al respecto el general PNP Max Iglesias, jefe de la Dirección Antidrogas.

Tres días después, la mañana del jueves 5, el general PNP Neyre Rodríguez, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, declaró desde un ambiente del Ministerio del Interior (Mininter), en Córpac: “No es un golpe [para la policía], sino al contrario”. Al mismo tiempo, en otra área de esta misma dependencia, policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y un equipo de fiscales allanaban la oficina del coronel PNP Manuel Ibárcena, que integraba el Estado Mayor de la Policía Nacional. Él había sido detenido aquella madrugada, acusado de integrar la organización criminal bautizada como Los Rápidos y Elegantes del Aeropuerto.

El general Rodríguez negó que la caída de otro alto oficial significara una afrenta para la institución, pero no podía ocultar la molestia visible en su rostro.

Aquel mismo jueves, por la tarde, se realizó en Miraflores el foro ‘Crimen organizado, propuestas y soluciones hacia un Perú seguro’, en el que participaron altos mandos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Varios agentes de la Diviac que en la madrugada participaron en los operativos estuvieron después en el conversatorio. En dicho evento, Keyla Garrido, titular de la Dirección contra Delitos de Crimen Organizado, comentó que la criminalidad organizada implica pérdidas para el Estado Peruano por más de US$1.500 millones.

Al día siguiente, el viernes 6, se celebró el Día de la Policía Nacional. En la ceremonia principal participó el presidente Martín Vizcarra, quien en su discurso dijo que “ningún cambio será posible si mantenemos dentro de la policía a personas no idóneas para esta delicada función”, dijo Vizcarra. Varios agentes no celebraron nada aquel día.

Malos elementos

En total, al menos 75 policías han sido capturados durante el 2019 en el país. Más de la quinta parte por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, y cerca del 10% por crimen organizado.

Solo desde aquel 6 de diciembre detuvieron a dos, en casos particularmente escandalosos. Uno de ellos es el teniente Jhonny Albino Toro, capturado en Trujillo por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y el Escuadrón Verde como parte de una organización criminal dedicada a la falsificación de billetes. Se le incautó más de S/ 1,2 millones, que iban a ser distribuidos en el norte del país durante las fiestas de fin de año. Albino trabaja en Lima, en una oficina adscrita al Banco Central de Reserva (BCR) encargada, precisamente, de detectar a traficantes de billetes y monedas.

El último policía capturado este año es el suboficial Carlos Cordero García. Fue detenido la noche del jueves último, tras ser acusado de tocamientos a una menor de 13 años que había acudido con su madre a interponer una denuncia por violación.

La caída del imperio romano

El general PNP, Óscar Gonzáles, jefe de la Macrorregión Policial La Libertad, dijo que al menos 23 agentes de esta región han sido procesados por diversos delitos este año, y que varios siguen prófugos.

“Es gente que no debe estar en la institución policial, pues hasta han hecho de colaboradores o informantes en organizaciones criminales”, dijo el oficial a El Comercio. En junio, fueron detenidos en Trujillo 16 integrantes de la organización criminal Imperio Romano, dedicada al robo agravado, secuestro y extorsión. Del total, siete eran suboficiales de la policía. Cinco de ellos cumplen prisión preventiva, uno tiene libertad bajo comparecencia y otro murió de un infarto en la carceleta.

Por un puñado de soles

De los más de 70 policías detenidos en el año, al menos ocho cayeron cuando cobraban coimas a conductores de autos o a personas con denuncias en trámite. Un caso curioso ocurrió con el suboficial Reynaldo Rantes, detenido en octubre por cobrar una coima de S/ 5 mil a un compañero suyo que estaba involucrado en una investigación interna. Este lo denunció, simuló entregarle una primera cuota del monto total y, en ese instante, Rantes fue capturado.

Aunque la mayoría de casos de coima son por ‘iniciativa’ personal, otros se realizaban de manera coordinada. En enero, agentes policiales y un equipo de fiscales detuvieron al comandante Fortunato Ñope, jefe de la Dirección de Tránsito de Los Olivos, además de dos capitanes y dos suboficiales. Ellos fueron acusados de cobrar cupos a taxistas y colectiveros de Lima Norte a cambio de no intervenirlos. Le pusieron las esposas en su misma oficina.

Delincuentes con uniforme

Semanas atrás, en noviembre, fueron detenidos los policías Jeans Stewart Chiroque Vílchez y Oswaldo Jhosue Choque Ventimilla, quienes trabajaban en la comisaría de Catacaos, en Piura. Se descubrió que ambos se habían apropiado de una motocicleta que había sido incautada en un operativo de tránsito y enviada al depósito de ese distrito, y que después la revendieron a un mecánico en cuyo taller la vio, de casualidad, el dueño original. Los denunció. La foto superior ilustra el momento en que colocaron las esposas a Choque. De policía pasó a ladrón.

Otro policía cuya fechoría fue descubierta muy pronto es el suboficial Luis Acensios, en Chiclayo. En mayo, él denunció ante la Divincri haber sido asaltado por dos sujetos en moto minutos después de retirar S/23 mil de una agencia bancaria en esa ciudad de Lambayeque. Sus colegas, al tomar la denuncia, descubrieron varias contradicciones en su testimonio. Cuando fueron a su vivienda, encontraron el dinero encima de su cama. Ascensios denunció el falso delito para beneficiarse con el seguro por robo. No le funcionó.

Un caso mucho más complejo fue el que involucró al capitán PNP José Raúl Pérez, su esposa, la suboficial Thalía Saavedra y otro suboficial llamado Edwin Hernández. El capitán Pérez, que además integraba la Diviac, tenía acceso a los celulares de los detenidos en varios operativos que se realizaban en el norte del país. En la fase previa a las audiencias de prisión preventiva de esto detenidos, los extorsionaba y les cobraba dinero por borrar información hallada en los celulares, que podría comprometerlos. Según la fiscalía, podía llegar a cobrar hasta S/30 mil a los cabecillas de bandas. Uno de estos detenidos avisó a la fiscalía y, tras una cuidadosa operación de investigación y seguimiento del caso, agentes de la propia Diviac intervinieron a los tres agentes. Esto demuestra que ningún crimen es perfecto, ni siquiera cuando lo comete un policía que conoce por dentro el mundo de la delincuencia.