Te estoy buscando

El periodo de violencia entre los años 1980 y 2000, dejó en el Perú a 20.511 víctimas de desaparición forzada. Hasta el momento solo se han restituido 1.199 cuerpos y hay 13.533 peruanos de quienes se desconoce el paradero.

Texto: Francesca García

Cuando Doris Caqui Calixto se refiere a su esposo, Teófilo Rímac Capcha, lo hace en tiempo presente. Dice que hasta que no encuentre y entierre su cuerpo, no aceptará por completo su muerte. Hace pocos años, la ley le expidió un certificado de muerte presunta por desaparición forzada, una situación jurídica que agiliza algunos trámites legales pero no termina con lo que Doris describe como un ‘duelo congelado’ en el que ella y sus hijos están hace más de 33 años.

A los Rímac Caqui les cambió la vida el 23 de junio de 1986. Teófilo y Doris, tenían tres hijos y una niña de tres meses en el vientre. Él era un dirigente obrero, militante de un partido de izquierda y reconocido por su activismo a favor de los derechos sindicales. Doris recuerda que antes de la medianoche del 22 de junio, un grupo de militares irrumpió en su casa en San Juan Pampa en Cerro de Pasco y se llevó a su esposo.

“Yo sentía desde el dormitorio que lo golpeaban pero él no decía nada, no se quejaba. Empecé a gritar y les dije: ‘¿qué le hacen a mi esposo?’ ‘Teófilo, ¿qué te están haciendo? Y él respondió´: ‘Cállate Doris, guarda silencio. Hazlo por nuestros hijos’”, rememora Doris.

Ella no lo supo en ese momento pero Cerro de Pasco estaba en estado de emergencia. Días antes, el 16 de junio, un grupo terrorista de Sendero Luminoso asesinó a tres militares y a un civil en la zona de Pucayacu. En los siguientes días, los uniformados capturaron a varias personas a quienes les atribuían la responsabilidad del atentado, entre ellos, a Teófilo Rímac.

En estos 33 años, Doris ha reconstruido el destino de Teófilo a través de los testimonios de quienes al igual que su esposo, estuvieron detenidos en la base militar Carmen Chico. Los testigos, tal como se registró en el juicio de la Sala Penal Nacional que en el 2017 sentenció a dos militares por la desaparición forzada de Teófilo Rímac, relataron que él fue torturado y murió en la sede militar.

“Sí, será muy doloroso encontrar los restos de Teófilo pero al mismo tiempo aliviará este sufrimiento”, confiesa Doris quien hace una pausa y continúa esta vez hablándole a su esposo: “Teófilo, me quedé contigo por todo el resto de mi vida. Me he encanecido buscándote, sosteniendo tus fotografías frente a las fiscalías, frente a los ministerios y a eso me he dedicado. No lo lamento porque tengo un compromiso contigo y todos los desaparecidos. Así se hizo mi historia”, concluye.

“No encontré justicia hasta hoy”

Jaime Ayala Sulca lleva 35 años desaparecido, la misma edad que tiene su único hijo. La última vez que lo vieron fue el 2 de agosto de 1984 cuando entró a la base militar de Huanta en Ayacucho, la cual estaba a cargo de la Infantería de Marina. Jaime trabajaba en un programa de música en la radio y era corresponsal del diario La República. Ayacucho, la región donde inició el terror de Sendero Luminoso, estaba en aquel momento bajo estado de emergencia y desde diciembre de 1982, bajo el control político militar de las Fuerzas Armadas.

Hoy, Rosa Luz Pallqui Medina abraza una de las únicas fotografías que conserva de su esposo. Una imagen que congeló el tiempo en el que soñaban con mudarse a Lima y criar a su hijo lejos de la violencia de Ayacucho. Rosa evoca la última vez que lo vio irse a lo lejos, en su rumbo al estadio de Huanta y se repite las mismas preguntas de hace 35 años: “¿qué hubiera pasado si él volteaba? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera esperado?”.

Jaime desapareció a los 22 años, Rosa tenía un año menos que él. Ella supo que algo malo había ocurrido cuando no salió en vivo en su programa de radio. De inmediato recordó que lo último que le dijo es que iría a la base militar de Huanta para averiguar porque un día antes habían allanado la casa de sus padres, golpeado a su mamá y a su hermano. Rosa explica que a sus reportes para La República le generaron constantes roces con del comando militar.

“Mi esposo desapareció en presencia de muchos testigos. Desde ese día luche porque lo liberen pero ni las protestas de los medios locales, nacionales e internacionales lo lograron”, se lamenta.

Rosa logró que el Fiscal de la Nación inspeccione la base militar de Huanta, hizo una conferencia de prensa en el Congreso, habló con el entonces presidente Fernando Belaunde y con representantes de la Iglesia pero no logró ubicarlo. Seis meses después, un juzgado en Huamanga admitió la denuncia por el secuestro de Ayala contra el capitán de Corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén y el oficial de Mar, Román Manuel Martínez Heredia.

“No encontré justicia hasta hoy. No voy a cesar hasta el día en que lo encuentre, no importa que se trate solo de un hueso porque mi hijo tiene derecho de encontrar a su padre. Y de repente ahí recién cerremos nuestro duelo”, dice apenada. Según algunos testigos, Jaime fue asesinado y enterrado en el estadio de Huanta. Más de una vez, ilusionaron a Rosa y a su hijo de que esta vez sí lo tenían ubicado pero eso no ocurrió.

Rosa remarca que no guarda rencor contra ninguna institución. Es más, resalta que en el camino han coincidido con las viudas y deudos de las Fuerzas Armadas y policiales, quienes también siguen bregando por justicia. Rosa aclara que su lucha es para establecer las responsabilidades individuales en las más de 20 mil desapariciones forzadas.

“Jaime yo te estoy buscando, cumpliendo la promesa que siempre te hice. Seguiré buscándote para enterrarte y lograr sanción para los culpables”, concluye.

“Tal vez no vamos a encontrar justicia”

Glinca Luyeva Yangali Muñoz se recuerda a sí misma como la niña que esperó por meses en vano la llegada de su padre. Tenía 11 años cuando Fortunato Yangali desapareció junto a sus hermanos y un maestro de escuela en el distrito de Churcampa, Huancavelica. A todos ellos, quienes eran líderes comunales, se les perdió el rastro el 21 de noviembre de 1983 luego de una cita en la comisaría de la zona.

“Ahí mi madre empezó su búsqueda. Primero, fue a la comisaría a preguntar por ellos pero le negaron que hayan estado ahí. Entonces, viajó hasta el cuartel Los Cabitos en Ayacucho porque en esa época a todos los detenidos los llevaban ahí pero fue en vano”, relata Luyeva. La desesperación, añade, llevó a su madre a buscar a su esposo entre los cadáveres que arrojaban en las laderas del río Mantaro pero todo se detuvo cuando su mamá fue secuestrada y torturada.

“Llegamos a Lima en el 88 por lo que le sucedió a mi madre. Prácticamente tuvimos que escapar para sobrevivir. Mis hermanos y yo nos dedicamos a estudiar. Estuvimos muchos años sin hablar del tema por temor y a partir de la Comisión de la Verdad retomamos todo. Cuando terminé la universidad me propuse buscar a mi papá”, dice Luyeva entre sollozos.

“Uno tiene que sobreponerse a eso y seguir con la vida. Él es mi fuerza y por él he luchado. ¿Cómo no voy a luchar si mi papá me quería tanto? Yo creo que lo voy a olvidar el día que muera”, confiesa Luyeva.

Desde el 2013, ella pertenece a la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (Anfadet), grupo comprometido a la búsqueda de todos los desaparecidos de la etapa de violencia. En setiembre viajará a Churcampa con un equipo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia en Churcampa para abrir fosas donde presuntamente estaría su padre.

“Tal vez nosotros no vamos a encontrar justicia pero queremos encontrar los restos y enterrarlo en un lugar donde podamos recordarlo. Papá, mi mamá siempre te buscó. Nosotros tus hijos ahora te estamos buscando. El mayor deseo que tengo en la vida es encontrarte y llevarte a tu casa donde debes descansar en paz eternamente", dice apretando los ojos.

Foto: Perú 21

El duelo por los ausentes

Si dedicáramos un minuto de silencio por cada una de las 20 mil 511 víctimas de desapariciones forzadas que dejó el periodo de violencia 1980-2000 en el Perú, estaríamos 15 días consecutivos en silencio. De esta cifra total, solo 1.199 personas han sido restituidas a sus deudos y aún existen 13.533 de quienes se desconoce absolutamente su paradero.

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) hay además 5.754 personas de quienes sí se tienen referencia de un posible sitio de entierro. Otra cifra interesante es que hasta el momento 25 personas aparecieron con vida.

En junio del año 2016, el Gobierno peruano promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. La ley 30470 implicó un cambio de enfoque en la búsqueda, esta vez, centrándose en el lado humanitario. Es decir, a partir de su vigencia el Estado prioriza la recuperación de las osamentas sin necesidad que exista un denuncia, una investigación fiscal o un proceso judicial en curso. La norma fue concebida para agilizar la búsqueda de los desaparecidos.

Monica Barriga, titular de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), creada por la referida ley, detalla que este es un trabajo multidisciplinario (que incluye a las familias, fiscales, forenses, etc), en donde apoyados por la nueva legislación se establecen datos de contexto e hipótesis de la desaparición para ubicar, exhumar, identificar y restituir los restos a los familiares.

“También se creó el banco de datos genéticos que acumula todo el perfil genético de los familiares en búsqueda para permitir la identificación de cuerpos”, precisa Barriga. La ley ha permitido que tras décadas de espera, las familias reciban de Reniec un certificado de defunción por presunta muerte por desaparición forzada y que el estado reconozca y dignifique los nombres de los desaparecidos en ceremonias simbólicas.

Barriga precisa que meta al 2021 es lograr otras 3.000 repuestas a los familiares que pueden ser respuestas finales y parciales. El primer caso, incluye la restitución física de restos humanos o ceremonias simbólicas. Una de las últimas ceremonias se realizó en el distrito ayacuchano de Oronccoy, donde se restituyeron 64 osamentas.

“Es un componente importante el acompañamiento a los familiares pero también lo es la interlocución con las autoridades. Hay que darles herramientas concretas y aspectos más operativos y logísticos”, opina Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador.

Cori dice que desde su organización están colaborando para armonizar el trabajo que se hace desde la DBPD y las fiscalías especializadas para evitar los cruces en el trabajo y agilizar las búsquedas.

En el Perú como en otros países de Latinoamérica, la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas ha sido un esfuerzo impulsado principalmente por los familiares y los organismos de derechos Humanos. Una de las caras emblemáticas fue Angélica Mendoza de Ascarza, conocida como “Mamá Angélica” quien murió el 28 de agosto de 2017 sin encontrar a su hijo.

Si las cifras se ponen en perspectiva, es evidente que el avance es lento. Un escenario que grafica esto es que hay un promedio de 1.500 cuerpos en cajas almacenados en el local del Instituto de Medicina Legal en Huamanga, los cuales aún están pendientes de restitución y entierro. De estas osamentas, hay un grupo identificado, otro a la espera de los resultados de ADN y otro del que se debe ampliar la información de contexto para identificar y restituir los restos.

DATOS

El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas instaurado en el 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con la ONU, se entiende por desaparición forzada "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado". "La desaparición forzada consiste en la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma seguida de ocultamiento o la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y garantías legales", según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el contexto de la guerra contra el terrorismo en el Perú, miles de ciudadanos también fueron secuestrados y asesinados por Sendero Luminoso.

El 19 de enero de 2017 la Sala Penal Nacional condenó a Diego Daniel Cortez Alvarado, ex jefe de la base militar de Carmen Chico - Pasco y a Ricardo Matta Vergara, ex jefe del Departamento de Inteligencia G2 instalada en dicha base, a catorce y a veinte años de prisión por ser autores de la desaparición forzada de Teófilo Rímac Capcha. La sentencia incluyó la orden de hacer un desagravio público a Teófilo Rímac, aclarando que nunca fue culpable de terrorismo.

El 5 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó que se realice un nuevo juicio oral. La Corte consideró que el Ministerio Público no argumentó coherentemente el título de la participación de los imputados entre sí fueron “autores” o “autores mediatos” del asesinato.

El proceso de búsqueda tiene tres etapas: la etapa investigación humanitaria, la segunda etapa es la intervención conjunta donde se hace la exhumación o recuperación de restos, el análisis e identificación de las osamentas. La tercera es el cierre del proceso donde se da la restitución o la ceremonia simbólica. El cierre también implica el contacto familiar y acompañar los procesos que están en investigación fiscal.

La región con mayor cantidad de desapariciones forzadas es Ayacucho con una cifra de 9.922 personas, seguido por Junín 2.976, Huánuco 2.547, San Martín 1.207 y Huancavelica 1.056.

El año 1984 hubo el mayor número de desapariciones: 4.225 personas.