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¿Quién es Arturo Cárdenas?
Arturo Cárdenas Tovar
Secretario de Organización Nacional de Perú Libre
José Villazana, consejero regional de Junín, relató a El Comercio cuál era la relación de Arturo Cárdenas Tovar con el GORE. “Él se creía dueño del Gobierno Regional. Entraba al Consejo Regional donde nosotros estábamos”, comentó Villazana.
David Eslado, también consejero regional, coincidió con Villazana. “Era un asesor externo del gobernador [Cerrón], pero incluso nos llamó la atención cuando una vez estuvo presente. Yo pensé que era de Imagen, siempre estaba con una cámara o celular en la mano, captando, grabando las situaciones que se presentaban en sesión de Consejo de manera presencial. Después nos pusimos a indagar y resultó que no. Observamos y desde ahí nunca más estuvo presente”, comentó a este Diario.
Antes de su vínculo con Perú Libre, Arturo Cárdenas Tovar postuló en las elecciones generales del 2006 para ser congresista con el Partido Socialista, pero no resultó electo.
En diciembre del 2010, cuando Vladimir Cerrón fue electo gobernador regional, envió un oficio a Arturo Woodman, expresidente del Instituto Peruano de Deporte (IPD), recomendando a Cárdenas Tovar -como parte de una terna- para que asuma la Presidencia del Consejo Regional del Deporte de Junín. Finalmente, fue designado en este cargo desde marzo del 2011 hasta el 2 de junio del 2014, año en que Cerrón dejó también el GORE Junín.
En ese lapso, entre los años 2012 y 2013, entregó aportes periódicos a Perú Libre cuando era aún un movimiento regional. La suma total fue S/500 en efectivo, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Años después, para la campaña de reelección de Cerrón, aportó en octubre del 2018 S/2.000 en efectivo y S/2.275 en especies [trabajo proselitista]. Con el retorno de Perú Libre al GORE Junín, en marzo del 2019 Cárdenas Tovar reingresó como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), una figura para la contratación de consultores y asesores.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió a El Comercio que la selección de cada consultor es de “entera responsabilidad” del titular de la entidad beneficiaria. En este caso, el gobernador regional.
Además, comentaron que verificaron el cumplimiento de requisitos establecidos por el GORE Junín: contar con licenciatura en Pedagogía y Humanidades, un diplomado en Gestión y Administración Educativa, y experiencia mínima de dos años.
Cárdenas Tovar es licenciado en la referida carrera por la Universidad Nacional del Centro y, en la hoja de vida que presentó aquella fecha, consignó un Diplomado en Gestión y Administración Educativa por la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.
De acuerdo con la hoja de vida que consignó años antes al IPD, entre 1997 y el 2009 se había desempeñado como profesor de deportes y coordinador de vacaciones útiles. También fue dirigente deportivo en Junín. En el curriculum presentado para ser asesor solo menciona el cargo que obtuvo en el IPD.
Las funciones que Cárdenas debía realizar como asesor FAG consistían en: conducir la elaboración de planes y proyectos de desarrollo social enmarcados en el deporte; ejecutar y promover acciones concretas orientadas al deporte para que la asistencia social se tome productiva en la región; y “otros” que solicite el funcionario a quien reporta.
“Con el régimen FAG, por su alto grado de especialidad y porque van a tener una remuneración superior al promedio, tienes directores, subdirectores, gerentes, son personas que por su alta calificación y cargo que tienen una remuneración acorde a las expectativas. A partir de ahí, metes en la bolsa a un asesor deportivo”, comentó Trelles.
Arturo Cárdenas salió el 31 de diciembre del 2019 del GORE Junín, meses después de que Cerrón Rojas dejó esta dependencia debido a una sentencia en su contra. Tiempo antes, en enero del 2019, asumió la Secretaría de Organización Nacional de Perú Libre, función que sigue desempeñando.
Aunque dejó la entidad regional, obtuvo entre agosto y setiembre del año pasado tres órdenes de servicio con el GORE Junín/Educación por el monto total de S/9.600; pero divididos en tres pagos de S/3.200. Los servicios para los que fue contratado fueron los mismos: facilitador zonal 2, y se dieron en el esquema de contrataciones de hasta 8 UIT.
Sobre estas contrataciones, Trelles anotó que habría “una evidente desnaturalización del contrato”. Explicó que “lo que se trata de evitar con las órdenes de servicio es la desnaturalización de los contratos, y lo que está haciendo en este caso concreto es desnaturalizar un contrato, que tiene una naturaleza civil, dándole una naturaleza laboral. Está evidenciando que en esos meses le están dando remuneración respecto al mismo servicio. Es obvio que no es un servicio cualquiera, sino el mismo servicio que se está realizando en dos meses. Y se está evitando sacar una sola orden de servicio de 10 mil soles para que no se vea algo abultado”.
Por su parte, María Elena Sánchez, especialista en contrataciones con el Estado, comentó que lo cuestionable en este caso es haber colocado el mismo objeto del servicio brindado, y se estaría ante una posible falta de transparencia. “Están disfrazando una contratación permanente bajo los visos de algo temporal”, mencionó.
El Comercio se comunicó vía telefónica con Arturo Cárdenas Tovar para escuchar sus descargos, pero cortó la llamada. También reiteramos dialogar con el GORE Junín a través de la oficina de prensa, pero no recibimos respuesta.
¿Qué permiten las contrataciones de hasta 8 UIT?
Víctor Baca y José Trelles, expertos en contrataciones del Estado, explicaron la naturaleza de los contratos de hasta 8 UIT.
“En estos casos, no aplica la ley, pero sí establece la misma que están sometidos a supervisión por parte del OSCE para evitar que haya fraccionamiento y la norma establece que para estos contratos por debajo de 8 UIT aplican los impedimentos para contratar”, comentó Baca.
Añadió que no hay una “lista” de casos que justifiquen este tipo de contrato. El tema está vinculado, sobre todo, al monto del contrato.
Por su parte, José Trelles añadió que este proceso permite tener un mayor dinamismo para la adquisición de bienes y servicios. Pero “el gran problema de este tipo de contratos es que la mayor parte del presupuesto de algunas entidades públicas se va a este tipo de exoneraciones. Entonces, produce especies de fraccionamiento en las contrataciones para evitar un proceso de selección”.
El principal inconveniente con este tipo de contrataciones es la transparencia. “No se transparenta la posibilidad de seleccionar al proveedor más eficiente, sino que haces un proceso más simple en la selección de proveedores y básicamente casi a dedo o direccionado, puede lograr la contratación directa de proveedores. No necesita pasar por un tamiz de evaluación objetiva de muchos proveedores”.
“Está hecha la ley, la trampa la hacen los funcionarios que aprovechan cierto tipo de regulaciones para salirse del camino común de la normativa”, añadió.
Finalmente, Trelles comentó que el problema no es solo que exista “una ventana” a través de la cual se pueden cometer arbitrariedades, sino que no existe un sistema de control que las revise.
