Por: Rodrigo Cruz

Son poco más de las 4:30 a.m. y el portero del condominio en la urbanización La Campiña, en Chorrillos, nos dice que mejor pasemos, que es más seguro estar dentro del edificio en lugar de esperar afuera. Aquí los delincuentes, afirma, no creen en nadie. De modo que abre la puerta y nos pide que esperemos un momento en la entrada: “El señor Crispín no demorará. Siempre se despierta a la misma hora”. Y, en efecto, a los minutos suena el celular: Crispín nos pide que subamos al segundo piso, que en unos minutos estará listo. El portero nos enseña el camino, pero nos pide que por favor subamos en silencio. Es fácil encontrar el departamento del suboficial: es el único que tiene la luz encendida en el pasadizo. Crispín abre la puerta y nos da la bienvenida. Viste jeans, zapatos y un bividí blanco. Pareciera que en él no hubiera una señal de cansancio. Está lúcido, como si fuera el mediodía, pero es la madrugada de un martes cualquiera de diciembre. “Cinco minutos y salimos”, nos dice mientras se abotona la camisa.

Crispín nació en Cerro de Pasco y en octubre cumplió 30 años. Es suboficial de tercera de la policía, es decir, el más joven y último eslabón en la cadena de mando de su institución. En el 2020, nos cuenta, dará su primer examen de ascenso. Dice que se hizo policía porque, a diferencia de otras profesiones, esta es la que tiene más contacto con la sociedad. Esa vocación de servicio, afirma, la aprendió de sus padres y sobre todo de un tío que, como él, también se puso el uniforme. Hace cinco años egresó de la escuela y desde entonces trabaja en el Callao. Primero, estuvo en el Escuadrón de Emergencias, y desde el 2016 sirve en la comisaría de La Perla, en la Oficina de Participación Ciudadana. Para llegar a tiempo, el suboficial dice que es indispensable que salga de su casa a las 5 a.m. en punto. Luego, toma una coaster que lo acercará al Metropolitano, después un bus y finalmente una combi hasta la Av. Santa Rosa. En total, un viaje de 22 kilómetros a través del caótico tráfico de Lima.

Crispín vive con su esposa Pamela, a quien de cariño le dice “Bulma”, como el personaje de “Dragon Ball”. En su sala, hay dos cuadros de ese dibujo que de alguna manera los presenta: Bulma es pareja de Vegeta, el príncipe de los sayayin, quien haría cualquier cosa con tal de defenderla. ”Yo siempre le digo que tiene que volver a casa", nos dice Pamela, quien se ha despertado ante nuestra visita. Ella, que es de la misma edad que Crispín y trabaja como asistenta social, dice que es consciente de los riesgos del trabajo de su esposo. Sin embargo, se siente orgullosa de lo que hace. La noche anterior, ambos se quedaron despiertos pasada las 12 organizando un álbum de fotos de sus últimos viajes. Han estado en Huánuco, Churín, Cajamarca, Piura y recientemente en Cusco. En agosto cumplieron un año de casados. Crispín prefiere no decirlo, pero teme que llegue un día en que no pueda regresar a verla. Por eso, antes de irse siempre le da un beso en los labios como sucedió esta misma mañana.

Quien lo viera no creería que es policía. Crispín sale de su casa vestido de civil con una mochila en la espalda. De pie en el paradero, con sus lentes y cabello corto, parece más un oficinista o estudiante con cara de bondadoso. Ya dentro de la coaster, se confunde entre los pasajeros mientras avanza por conseguir un asiento. Él dice que aprovecha el trayecto para repasar sus charlas. Hoy, por ejemplo, le toca hablar sobre el daño que hacen las drogas a los alumnos de primaria. Sucede que Crispín no cumple una función policial cualquiera: desde la primera semana de marzo, es uno de los 21 tutores policiales que existen en el Callao. Se trata de un programa piloto —el primero de este tipo— que creó la Región Policial con la Dirección Regional de Educación. El propósito: orientar y cuidar a los menores en los colegios más vulnerables por la violencia. Pero en la práctica el trabajo de los tutores es más que eso.

El programa es una respuesta a las alarmantes cifras de menores de edad metidos en la delincuencia en el primer puerto. En los últimos cinco años, no hubo un menor de edad que al día no haya sido intervenido por participar en un delito. Solo en el 2019, se desarticularon 204 bandas que tenían al menos un menor entre sus integrantes. Y si hablamos de muertos, ya van seis niños fallecidos en medio de una gresca con arma de fuego. Las causas detrás de esta realidad son diversas: violencia en la casa, abandono escolar, padres ausentes (varios de ellos por estar en prisión), calles inseguras, falta de espacios públicos, pobreza y una predominante cultura de la violencia, entre otras. También están el enfrentamiento entre barrios, la lucha por el comercio de drogas, la corrupción, la escasez de oportunidades, etc. Y de igual modo, un factor social: menores que crecen con el estigma de que un día acabarán metidos en la delincuencia por vivir en un lugar determinado. Crispín lo sabe y a eso también se enfrenta.

Son las 7:30 a.m. y el suboficial ya está en la puerta del colegio José Olaya Balandra. La única herramienta que tiene en su mano es un detector de metales. Su primera tarea del día es asegurarse de que los alumnos no ingresen con algún tipo de arma a la escuela. Ya ha sucedido: los profesores nos cuentan de un caso en el 2018 en que se encontró un revólver en el baño. De modo que revisa a cada uno de los que pasan. Pero no lo hace de una manera agresiva. Al contrario, trata de ser amistoso. Él dice que el secreto en su trabajo está en ganarse la confianza de los niños. Muchos lo saludan y lo abrazan, sobre todo los más pequeños. “Buenos días, Crispín” —o simplemente “Crispi”—, le dicen mientras son revisados en el portón del colegio.

El Olaya queda a dos cuadras de la comisaría de La Perla. Sin embargo, es uno de los planteles con mayor índice de violencia escolar, según reconoce Jaime Alvarado, director de la institución educativa desde hace diez años. Hay un promedio de 500 alumnos. Entre los que pasaron por sus aulas recientemente, destacan los jóvenes futbolistas Jeremy Escate y Marco López. También hubo miembros del crimen organizado. Basta decir que ahí estudió el narcotraficante Gerson Gálvez Calle, 'Caracol'.

Además, fue el colegio al que asistieron las ‘hienitas’. Cuando se le pregunta a un policía sobre un caso que ejemplifique los datos descritos, la respuesta suelen ser ellos. En marzo del 2019, un grupo de menores chalacos (entre 13 y 14 años) fueron retenidos luego de diversas denuncias de vecinos que indicaban que habían formado una banda que robaba, entre otros, a choferes del servicio de taxi por aplicación.

Los niños provenían de hogares pobres con familias disfuncionales, donde el común denominador era tener a algún pariente en la cárcel o miembro de una banda de la zona. Al mismo tiempo, un hambre por obtener dinero fácil y consumir drogas.

Estos menores utilizaban una réplica de una pistola automática, llamaban al taxista —quienes se acercaban tal vez confiados en su condición de infantes—, los agredían y les arrebataban sus celulares y, de ser posible, sus billeteras. Luego, corrían a sus escondites y en la noche despilfarraban lo obtenido. Generalmente, operaban en el barrio de San Judas Tadeo.

"Soy menor de edad, soy menor de edad", dijeron los niños cuando fueron intervenidos por los policías. Más que un reclamo, es un canto a la impunidad: saben que por su edad son inimputables. Lo mismo tienen en cuenta delincuentes mayores que reclutan a jóvenes como ellos para el sicariato, aunque en la práctica son la carne de cañón.

Además del robo, las ‘hienitas’ se dedicaban a la microcomercialización de drogas. En sus brazos y manos, llevaban tatuajes con los nombres de sus familiares o distintivos de sus barrios. Algunos tenían una prótesis de metal en los dientes para aparentar una imagen más violenta. De acuerdo con un policía en la zona, bajo las condiciones en que estos menores viven, es frecuente escuchar que su aspiración final es la de acabar pintados en un mural o en una camiseta. Es su manera, dice el agente, de alcanzar la gloria en el barrio.