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El presunto vínculo entre el narcotráfico y los buses que emplea el Corredor Verde es algo que busca esclarecer el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP). Las autoridades manejan la hipótesis de que más de 40 de estos vehículos fueron comprados con los fondos de la producción y venta de cocaína en el Vraem y, de esta forma, blanquear las ganancias. Como principal sospechoso, tienen al empresario Guzmán Espinoza Aguirre, dueño del grupo GEA Motors, quien le alquilaba los buses al consorcio Contranscar, empresa que tiene la concesión para operar en la ruta del Corredor Verde.
Espinoza es, desde por lo menos cinco años, uno de los principales objetivos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP. Los agentes creen que, detrás de su apariencia de empresario emprendedor dedicado a la venta y alquiler de buses, esconde su principal faceta: la de blanquear el dinero de Víctor Rivera Muñoz, conocido también como ‘Jarachupa’, uno de los presuntos narcotraficantes más peligrosos del Vraem que falleció de COVID-19 a fines de agosto en un hospital en Lima.
El vínculo entre ambos empieza con la relación familiar que tienen: el empresario está casado con Bertha Muñoz Carbajal, prima del presunto narcotraficante. Además, ella es gerente general de Importaciones & Exportaciones BMC S.A.C., empresa que tiene como apoderado a Marco Antonio Lagos Muñoz, hijo de Marcos Lagos Ávila, un condenado por narcotráfico y lavado de dinero y, además, segundo al mando de la red de ‘Jarachupa’, de acuerdo a la Dirila. Lagos Muñoz también fue apoderado de Importaciones y Exportaciones GEA, empresa donde Espinoza tiene el cargo de gerente general.
A su vez, la hermana de Bertha, de nombre Mirtha Muñoz Carbajal, es la pareja de Marcos Lagos Ávila. El año pasado, los dos fueron condenados a 25 años de cárcel, a pedido de la fiscalía de Madre de Dios, por lavar dinero del narcotráfico en la compra de una serie de inmuebles en Santa Anita (Lima) y Pucallpa (Ucayali), vehículos y realizó transferencias bancarias sin poder justificar el origen de los fondos.
El Comercio sigue este caso desde el 2019. De hecho, en febrero de ese año expuso que más de 40 buses del grupo GEA Motors habían sido alquilados por Contranscar a fines del 2018 para iniciar sus operaciones en el Corredor Verde en la ruta 516 (Carretera Central hasta la plaza Bolognesi) y otros dos más fueron a la ruta 508 (Av. Venezuela hasta la Av. Insurgentes). Además de ello, este Diario informó que Espinoza contaba, desde agosto del 2018, con poderes comerciales en Nueva Imagen Chosica S.A., la empresa que individualmente tiene la mayor cantidad de acciones en Contranscar.
El contrato entre GEA Motors y Cotranscar se hizo pese a que Espinoza fue detenido en mayo del 2018 junto a ‘Jarachupa’ en un operativo en simultáneo en Lima y en el Vraem. Sin embargo, un juez de Ayacucho rechazó la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público. Luego de aquel operativo, se supo que Espinoza había alquilado 27 de sus buses a Allin Group, consorcio que ganó la concesión del Corredor Rojo (Javier Prado). Debido a ello, esta última empresa anuló los contratos que tenía con el empresario investigado.
En su defensa, Espinoza aseguró que más allá del tema familiar, no tiene ningún otro vínculo ni conoce a ‘Jarachupa’ y remarcó que su sustento económico se basa en su actividad como empresario desde el 2004. Luego de la publicación de El Comercio, la investigación pasó de Ayacuho a Lima. Asimismo, Protransporte, la entidad encargada de administrar el funcionamiento de los corredores en la capital, presentó una denuncia a la fiscalía de lavado de activos. El caso actualmente lo tiene la fiscal Manuela Villar.
El abogado de Cotranscar, Enver Bustinza, dice que el único vínculo que tienen con Espinoza es debido al alquiler de más de 40 buses para la ruta 516, la cual han dejado de operar desde marzo debido a la pandemia y por no contar con autorización de Protransporte. Como consecuencia de ello, asegura que tienen una deuda con el empresario. Bustinza, que fue abogado de Espinoza en detención preliminar que tuvo en mayo del 2018, dice que algunos de los consorciados de Cotranscar han adquirido, por su propia cuenta, buses de GEA Motors, los cuales circulan en la capital por la ruta 508.
Este Diario se comunicó con la defensa de Espinoza, quien prefirió no hacer comentarios sobre la investigación que tiene su patrocinado alegando que se debe respetar la reserva. Solo confirmó que el caso se encuentra en la fiscalía de lavado de activos.
