Desde que se inició este período legislativo, el Congreso de la República ha mostrado su interés en propuestas contrarias a la reforma: en menos de un año, se presentaron dos proyectos de ley para formalizar el taxi colectivo y otros dos para ampliar el permiso a las combis de Lima hasta por 10 años.

Los primeros fueron debatidos en mayo y lograron su aprobación para todo el país (excepto en Lima y Callao), pese a que eran considerados focos de contagio del COVID-19 y causaban una gran cantidad de accidentes.

Los segundos incluían en la extensión a aquellas unidades que registraban millonarias deudas en multas y buscaban prolongar el sistema bajo el cual opera el transporte, donde no existen vínculos formales entre el chofer, el dueño del vehículo, la empresa y el titular de la ruta. En noviembre, se le aplicaron ajustes para alinearla con la reforma de transporte.

Ambos grupos de normas fueron impulsados por el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Luis Carlos Simeón (Acción Popular), quien admitió ser “la voz de los colectiveros informales”.

Lino de la Barrera, especialista en transporte, señaló que el MTC ha priorizado el tema de infraestructura, pero ha dejado de lado los servicios que operan sobre ella. “El nuevo ministro deberá dar un ‘shock’ eléctrico a la ATU. Hay trabajos que se pueden ir haciendo desde ahora”, explicó.