Esclavas sin cadenas

Por: Lourdes Fernández Calvo

@LulitaFC

Las víctimas de trata que esconde la selva

Estrella acaba de cumplir 15 años. Los globos rosados de la fiesta sorpresa que le organizaron sus compañeras, aún lucen  colgados del techo del comedor del albergue en donde vive desde hace unas semanas.

Estrella llegó bastante reacia y a la defensiva a esta villa cristiana evangélica, ubicada a varios kilómetros adentro de la carretera Iquitos-Nauta, en Loreto. De a pocos, ha tenido que acoplarse a vivir en un ambiente sin riesgos, en donde puede dormir sin tener miedo y en donde confiar no significa estar en peligro. No ha sido fácil. Ha tenido que empezar de nuevo (por segunda vez). Al menos, ahora ya no piensa en matarse.

“La tercera vez que me escapé de casa, fui con un grupo de amigas que se prostituían. Comencé a andar con ellas y me hicieron conocer a personas. Me involucré con ellas también en el mundo de las drogas. Necesitaba sobrevivir porque no tenía ni qué comer, así comenzó todo”, cuenta Estrella calculando sus palabras.

Así comenzó y aún no termina. Pasaron varias semanas antes de que Estrella se diera cuenta de que el novio de su amiga la estaba explotando sexualmente. Incluso, ahora, le cuesta aceptar que fue víctima de trata de personas y se culpa.

La historia de Estrella va más allá del tormento que sufrió en las redes de la trata. Su calvario no terminó cuando fue rescatada de sus tratantes. Dice que su experiencia en uno de los Centros de Asistencia Residencial (CAR) del MIMP, albergues a donde son enviadas las víctimas de trata de personas, también fue traumatizante.

“Miraba cosas muy feas, cómo las chicas se comportaban, no sé, a veces sentía que en ese lugar me iban a matar. Miraba desde el segundo piso cuando las chicas rompían platos, se cortaban, era horrible ver todo eso. Y verlo continuo todos los días, era feo. Había chicas que habían sido vendidas, violadas, desfiguradas, había de todo”, narra Estrella.

Luego de estar dos meses en ese albergue, Estrella fue trasladada a uno privado, el único especializado para recibir a víctimas de trata en Loreto. Este albergue fue autorizado por el MIMP a inicios de año y ya ha recibido a ocho víctimas menores de edad. Tres de ellas han llegado del mismo CAR de Loreto. El lugar está a cargo de un grupo religioso cristiano evangélico que brinda asesoría psicológica, emocional y educativa a las niñas que han sido tratadas.

Lucía, de 17 años, es otra de las adolescentes que vive en este lugar alejado de la selva. Así como Estrella, tiene grabada la fecha en la que fue rescatada de sus tratantes. Es la marca de reinicio de su vida.

“El 22 de mayo. Ese día yo estaba en casa de una amiga y ella llamó a mi mamá porque yo no aparecía como cinco días. Mi propia mamá me llevó a (la policía de) trata, luego a UPE (Unidad de Protección Especial de Menores) y me trasladaron acá”, dice Lucía. Ese día, cuenta, no se despidió de su mamá. Sentía mucha cólera porque no podía entender cómo una mamá puede entregar a su propia hija. Recién ahora lo comprende: “si no me hubieran rescatado, ahora no sé dónde estaría yo”.

Meses antes, la vida de Lucía se desvanecía en madrugadas de fiestas, alcohol y sexo con hombres que ella y sus amigas llamaban “puntos”. No quiere aceptar que también formó parte de ese grupo que era explotado sexualmente. Una actitud frecuente asumida por las víctimas de trata.

“Yo veía como mis amigas entraban al cuarto y me quedaba esperando afuera. Y al salir, me llamaba la atención porque así de fácil tenían plata y harto, ¿no?”, dice.

Lo mismo pensó María cuando un amigo le dijo que podía ganar dinero trabajando de mesera en un bar. Se presentó y durante siete meses no pudo volver a casa. Había caído en una red de tratantes de personas.

“Nos tenían encerradas, no nos dejaban salir. A veces no comíamos, nos trataban mal. Nos mandaban a hacer cosas, a veces trabajábamos toda la noche, todo el día, digamos que casi las 12 horas trabajábamos”, cuenta ahora que ya puede hablar de eso.

Gracias a un amigo que denunció su desaparición, las alertas de la policía se encendieron y lograron rescatarla.

“Me dieron dos opciones, irme a mi casa o irme a un albergue como a una casa de hogar, pero preferí elegirle a mi mamá después de tanto tiempo de no estar a su lado”, dice.

El prolongado camino que tuvo que recorrer para recuperarse no fue fácil. María vivía con miedo, sentía los pasos de sus tratantes detrás de ella. En sus pesadillas aparecía la dueña del bar en donde era explotada sexual y laboralmente, y le pedía que, por favor, volviera porque la necesitaba.

“Tenía miedo de salir, de ir a las calles, solo quería estar con mi mamá, no quería que me deje. Tengo miedo que me pase algo porque a veces llegaban mensajes al celular de mi mamá diciendo que tenga mucho cuidado con mi familia”, asegura.

Pese a que aún sus heridas no cierran, no duda en asegurar que a ese mundo del que fue rescatada no volvería “así le pagarán un millón de soles”.

—La víctima, la principal—

Paola Hittscher abre los cajones de su oficina y de ellos saca pasta de dientes, lápices de colores, camisetas, toallas, cepillos de dientes, esmaltes de uñas y un peluche. “Estas son algunas de las cosas que les entrego a mis víctimas cuando las traemos acá. Muchas llegan con ropa diminuta y necesitan asearse y cambiarse. Acá les tratamos de dar lo que necesitan”, cuenta Hittscher, fiscal especializada en Trata de Personas de Loreto.

La fiscalía gracias a la donación de la ONG CHS Alternativo y con los recursos que cuenta, ha reunido útiles de aseo y ropa en pequeñas mochilas que son entregadas a las víctimas de trata que llegan a la institución.

Hace un par de años, luego de que las víctimas de trata eran rescatadas eran llevadas a la comisaría, en donde eran encerradas, incluso, con sus tratantes. Ahora, asegura la fiscal, las jóvenes o adolescentes rescatadas son llevadas directamente a la sede de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, en donde los propios fiscales han adaptado una sala de acogida para ellas.

Esta sala está ubicada en la parte baja de la sede fiscal. Pese a ser un ambiente oscuro, los fiscales han logrado darle un matiz colorido y acogedor. En las vitrinas han colocado juguetes que han recolectado de sus hijos. También han adaptado pequeñas mesas para que las víctimas que llegan con sus hijos pequeños puedan jugar con ellos. A un lado del salón, los fiscales y los trabajadores administrativos de la fiscalía han ordenado líneas de ladrillos para formar una especie de mueble.

“Al no tener ningún otro tipo de ayuda, la necesidad hace que nosotros también tengamos que ingeniarnos con los mobiliarios o las situaciones en las cual ellas tienen. A veces no rescatamos a una víctima sino a más de dos o tres”, dice la fiscal.

En los últimos tres años, 3.486 personas han sido víctimas de trata de personas en el país, según cifras de la fiscalía. El 70% de ellas eras mujeres y cerca de la mitad, menores de edad.

“Loreto es la segunda región con el mayor número de denuncias por trata de personas (281) recibidas en los últimos 12 años, advierte la policía. La primera es Lima. Según la fiscalía, entre el 2016 y el 2019, se realizaron 18 operaciones contra la trata de personas en esta región de la selva, en las que se rescataron a 23 víctimas. ¿Qué pasa con ellas luego de ser liberadas de sus tratantes? En palabras de Paola Hittscher, fiscal especializada en trata de personas de Loreto, pese a los avances, es en este punto en donde se siguen presentando deficiencias

“Desafortunadamente, se han advertido a víctimas de trata de personas que están juntas con las víctimas de explotación sexual y cada una tiene un tratamiento diferente; y cuando se juntan muchas veces, las ayudan a escapar. Entonces, ha habido evasiones de los albergues y eso dificulta el proceso porque las víctimas retornan al circuito de la explotación”, precisa la fiscal.

En el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, aprobado en junio del 2017, se advierte de esta situación y se resalta lo siguiente: el Estado aun no centra su atención en las víctimas y no considera sus particulares necesidades como eje principal en la lucha contra la trata.

A la fecha, el Inabif, quien está a cargo de la administración de los CAR, cuenta solo con tres de estos centros especializados para atender a víctimas de trata de personas. Dos de ellos están en Lima y uno en Madre de Dios, otra de las regiones con gran número de casos de trata de personas vinculados a la minería ilegal.

“Eso no significa que los otros CAR que tenemos a nivel nacional estén limitados para atender a este tipo de víctimas. La intervención en todos nuestros CAR es especializada y diferenciada”, asegura Mabel Herrera Castañeda, directora de la Unidad de servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Inabif.

Desde el Inabif niegan que los albergues a su cargo sean cárceles y explican que las denuncias de mala atención o violencia que se han dado en ellos son situaciones que suelen surgir en el proceso de acogida de las víctimas. Aseguran que ante esos problemas existen protocolos que se implementan en los CAR y son asumidos por el personal técnico.

“Ellas traen consigo traumas y no se reconocen como víctimas de trauma. En ese proceso de recuperación hay diferentes etapas de intervención. La inicial que es de acogida suele ser una etapa donde se presentan una serie de comportamientos y situaciones que pueden desencadenar crisis conductuales”, dice.

Lo que sí admiten es que hay una necesidad por tener más albergues especializados. “¿Y ahora qué quieres hacer?”, le preguntamos a Estrella. “Estudiar, no dejar que las personas de antes vuelvan a mí. Yo sé que si salgo van a estar ahí y me van a decir vamos, y yo ya no quiero esa vida, ya no quiero más”.

*Todos los nombres utilizados para identificar a las víctimas son ficticios.

Por: Rodrigo Cruz

@rcruza

“¿Qué hice para estar aquí?”

Sofía, digamos que se llama Sofía, tiene doce años y ha sido víctima de explotación sexual. Cuando tenía diez, Sofía decidió no volver más al colegio en protesta por la separación de sus padres. Durante meses, prefirió las discotecas, la calle, los amigos, que llegar a su casa. No soportaba estar ahí. Era hija única y sentía que a su mamá, con quien se había quedado, no le importaba compartir tiempo con ella.

Sofía no lo sabía, pero había despertado el interés de una banda de trata de personas de su barrio. “Necesito promotoras para discoteca Mr. Big. Pago por listas. Doy trago y beneficios como regalos: polos, gorras y viajes. Informes por inbox”.

La principal herramienta que tenía la banda, “los rufianes de San Juan de Lurigancho”, era Facebook: sus integrantes ofrecían dinero fácil, diversión y alguna notoriedad a las menores de edad. Un trabajo de “promotoras” que, al principio, consistía en traer la mayor cantidad de clientes a sus discotecas. A Sofía le gustó. Pero a medida que se entraba al negocio, las exigencias subían: debían de asegurarse que sus invitados compraran todo el licor posible. No importaba si tenían que hacerlos bailar y dejar que las toquen. Lo peor llegó cuando las obligaban a tener relaciones sexuales.

Pero “los rufianes” también utlizaban a otras menores para captar posibles víctimas. En el 2016, cuando empezó a operar esta banda, Tatiana tenía 11 años y fue llevada por una compañera de su colegio a una discoteca de nombre “Boom”. Tatiana se escapó de su casa y se subió a un auto negro donde lo esperaba su amiga con dos sujetos. Al interior, los hombres le dieron licor hasta embriagarla. Ahí comenzó el infierno.

Su amiga le dijo que la espere en uno de los pasajes de la discoteca. Tatiana contó cinco habitaciones pequeñas mientras caminaba por el pasadizo oscuro y maloliente. Al igual que ella, otras diez menores también esperaban. A los minutos, aparecieron dos hombres. Uno le pidió que escogiera a una de las niñas. Este señaló a Tatiana. Así que la sujetaron del brazo y la obligaron a entrar a uno de los cuartos. Tatiana forcejeó, gritó, pero no pudo escapar. El chico le pegó, le rompió su ropa y la violó. Tatiana salió desesperada y llamó a su amiga. Ella le entregó ropa y le dijo que ya era parte del grupo y que, si intentaba fugar, que lo pensara dos veces: algo muy malo le podía pasar a su familia.

Tres días después, Tatiana fue llevada de nuevo al “Boom”. Le pusieron ropa corta y la colocaron en el mismo lugar. Esta vez, “los rufianes” le dijeron que le pagarían S/ 50 por cada encuentro sexual. Tatiana se sentía atrapada. Al final de la noche, recibió S/600. Tres o cuatro veces por semana, la llevaban a esa misma discoteca pero también a “Laberinto” y “Moroco”. Cada vez que se negaba, la golpeaban hasta cansarse. Así estuvo hasta que cumplió 14 años. Durante ese tiempo, la hicieron abortar tres veces.

A diferencia de Sofía, Tatiana logró salir. Le contó a su madre la pesadilla que había vivido y decidieron ir la Dirincri a presentar la denuncia. Tatiana era la tercera menor que había acudido para incriminar a “los rufianes”. Las tres dieron nombres, fechas y lugares. La fiscalía abrió una investigación.

Estas menores son parte de una alarmante estadística. En los últimos tres años, la fiscalía ha registrado 3.486 víctimas de trata de personas. El 70% fueron mujeres y el 42% no llegaba a la mayoría de edad.

La madrugada del seis de mayo del 2019, la división de secuestros de la PNP y el equipo de las fiscales Berenice Romero y Miluska Romero, especializadas en trata de personas, desarticularon a la banda. Durante semanas, las autoridades siguieron sus movimientos y se infiltraron en las discotecas. El día del operativo, arrestaron a todos sus integrantes, incluido su líder Amador Miranda Alca, alias “El Padrino”, e intervinieron 10 locales (cinco casas, cuatro discotecas y una barbería). En Mr. Big fue encontrada Sofía junto a dos menores. El calvario parecía que había terminado pero en cierta medida continuó.

Una vez a salvo, Sofía fue puesta bajo el cuidado, como ordena el Decreto Legislativo 1297, de la Unidad de Protección Especial (UPE), que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La menor no fue llevada con su madre porque se consideró que aún estaba en situación de desprotección. La UPE decidió internarla en uno de los tres Centros de Atención Residencial (CAR) que tienen y que acogen exclusivamente a víctimas de trata de personas en el país.

El elegido fue el CAR Gracia II ubicado en Lima.

En palabras de Godofredo Huerta Barrón, director II de la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, a la que responde la UPE, un CAR, además de brindar atención en ámbitos centrales como educación, salud y psicología para el menor rescatado, debe ser “lo más parecido a un entorno familiar” para asegurar la mejor reintegración posible en la sociedad.

El Comercio intentó poner a prueba lo dicho por el funcionario. Sin embargo, desde que Sofía fue llevada a un CAR se volvió casi imposible constatar si recibía una atención adecuada. Se intentó, por diferentes medios, ir al establecimiento para conocer las condiciones en las que se encontraba ella y otros menores que padecieron un horror parecido. El ingreso no fue permitido por razones de seguridad.

Sin embargo, existe un informe: por primera vez una defensora pública, a cargo de la defensa de las niños y niñas víctimas en Lima, denunció el estado real con el que son administrados estos centros de acogida.

La abogada Lupe Gómez Huamán visitó el CAR Gracia II a fines de mayo con un equipo de médicos, peritos y psicólogos. Ahí conversó con Sofía y otra menor víctima de explotación laboral.

Se advirtió, por ejemplo, que a Sofía no se le había practicado una revisión completa, pese a sus antecedentes de asma bronquial y a la presencia de una úlcera en su lengua. La menor contó que no había dejado que los médicos legistas la revisen porque eran varones.

La defensora también constató que las niñas no habían sido reinsertadas al sistema educativo habiendo colegios cerca. Verificó, además, que tenían restricciones para salir al aire libre, recibir visitas o practicar actividades recreativas. E incluso una de ellas dijo que faltaba jabón y champú para bañarse.

“El CAR Gracia II cuenta con buena infraestructura, amplio, cómodo e ideal para la atención a las víctimas. Sin embargo, de manera inexplicable se ve que las ventanas de los ambientes del primer piso se encuentran cerradas. Las agraviadas permanecen todos los días en un ambiente cerrado sin mayor contacto con el medio exterior, desarrollando acciones rutinarias”, dijo la abogada.

Una de las niñas, antes que se vaya, le preguntó: “¿Qué hice para estar aquí?

Godofredo Huerta reconoció que el Ejecutivo estuvo fallando: que eran deficientes los programas de reintegración que ofrecían a las víctimas. Pero, asegura, que esto cambió por una guía aprobada en abril. “Con esta guía, se va a tener un protocolo de atención en los temas de reintegración”, dijo el funcionario.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, jefe de las fiscalías de trata de personas en el país, es más crítico. Él sostiene que en el país no existe una política post rescate de la víctima y que los CAR, como el que está Sofía, son administrados como si se tratasen de centros penitenciarios para menores.

“Nosotros, como fiscales, hacemos los operativos para rescatarlas. Pero estamos atacando solo el 50% del problema. El otro 50%, que es más importante, es el de reinsertar a la víctima a la sociedad. Ese 50% está abandonado. Y ese trabajo le corresponde al Ejecutivo”, añade.

La situación es tan alarmante, dice el fiscal superior, que se puede decir que en el país “no hay ninguna sola víctima que haya sido reinsertada a la sociedad por trata de personas”.

En cambio, Mabel Herrera Castañeda, directora de la Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Inabif, dice que lo dicho en el informe de la defensora pública se tratan de percepciones hechas por adolescentes que todavía se encuentran en un proceso de adaptación.

Herrera dice que serán aclarados todas las “percepciones” descritas en el informe. “Este CAR que se comenta, es un CAR nuevo, que se ha iniciado recién en febrero. Este informe data del mes de mayo cuando tenía pocos meses de funcionamiento. Estamos en un proceso de mejora”, afirma.