En mayo del 2019, frente a la militancia de Perú Libre en Jauja, una de las voces políticas del partido destacaba la alta participación de personas sin experiencia en el Gobierno Regional (GORE) de Junín. Eran los primeros meses de la segunda gestión de Vladimir Cerrón cuando Arturo Cárdenas Tovar, secretario de organización nacional de Perú Libre, informaba a sus correligionarios que “casi el 99% de funcionarios del Gobierno Regional [de Junín] son militantes del partido, cuadros que inclusive nunca han estado en gestión pública, jamás en su vida”.
El discurso de Cárdenas adquirió sentido tiempo después. El 8 de mayo del mismo año, un Informe de visita de control del Órgano de Control Institucional (OCI) del GORE Junín advirtió “situaciones adversas” en la designación de funcionarios en cargos de confianza, que superó el límite de 5% de plazas.
El informe consignaba la “designación de 38 funcionarios en cargos de confianza que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos” tanto en el Manual de Organización y Funciones (MOF) y en el Clasificador de Cargos de Junín.
Estas designaciones “no responderían de manera idónea sobre la base de los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades”, precisa el informe.
De esta lista, se identificó a Mercedes Carrión Romero y Ofelia Ríos Pacheco. En el primer caso, se trata de una extrabajadora que al momento de ser designada funcionaria pública en el GORE Junín por Vladimir Cerrón estaba inhabilitada. La segunda mencionada es una actual funcionaria del referido ente regional que, a la par de su labor, obtuvo órdenes de servicio en otra dependencia estatal como persona natural.
La lista del OCI también la integra Héctor Chávez Melchor, exfuncionario que, tras su paso por el GORE Junín, obtuvo órdenes de servicio que expertos han señalado habrían sido desnaturalizadas y se advertiría una falta de transparencia. Similar situación se observó en el caso de Arturo Cárdenas Tovar, de acuerdo con los especialistas en contrataciones del Estado consultados por El Comercio.
Los cuatro son actuales afiliados a Perú Libre, fueron aportantes al partido, y designados funcionarios públicos por el suspendido gobernador regional Vladimir Cerrón, tanto en su primera como segunda gestión.
Tras dejar la función pública, los cuatro siguieron ligados al GORE Junín con órdenes de servicio en el esquema de contrataciones de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), a través de la cual se permiten contrataciones directas.
El 2019, el GORE Junín realizó un gasto total del 87% de su presupuesto. De manera particular, el gasto en inversión solo alcanzó el 48% de lo asignado, considerando que el primer año de gestión hay un cambio de equipos en los gobiernos regionales. Finalmente, en cuanto a los gastos en planilla, el GORE Junín ejecutó ese año el 99,6% del presupuesto asignado.
